El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto impugnó la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por seis años más. La institución calificó el acto como una nueva parodia e hizo un llamado a la comunidad internacional a no validar “el fraude electoral”.
“El Gobierno de Costa Rica rechaza de la manera más enérgica el acto ilegítimo de toma de posesión mediante el cual Nicolás Maduro pretende perpetuarse en el poder a base de la persecución, el uso indebido de los medios electorales y judiciales, y el terror de Estado contra su pueblo, especialmente contra los líderes de oposición”, expresó la institución por medio de un comunicado de prensa divulgado este viernes.
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Esta investidura, indicó el Ministerio, es una afrenta al pueblo de Venezuela, que se movilizó de forma pacífica y masiva a las urnas, “a favor de un cambio democrático”, el 28 de julio del 2024.
La institución, encargada de la política exterior, aseveró que es Edmundo González, candidato de la oposición al régimen venezolano, la única persona con la legitimidad para asumir la presidencia del país suramericano.
“Hacemos un llamado a todos los países democráticos a no validar el fraude electoral y la reelección ilegítima y antidemocrática de Nicolás Maduro”, agregó.
Además, solicitó a la comunidad internacional continuar trabajando en pro de una salida democrática a la crisis venezolana, para poner fin al “periodo de opresión y violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, asumió este viernes su tercer mandato consecutivo en la sede del Parlamento, vestido de traje oscuro y con la banda presidencial colocada sobre el pecho.
El acto fue calificado por la oposición como un “golpe de Estado” debido a que las actas de los resultados electorales nunca fueron divulgadas.
Ante este escenario, Estados Unidos, el Reino Unido y otros países aliados impusieron sanciones económicas para debilitar los pilares financieros del régimen chavista. Estas medidas incluyeron la ampliación de listas de funcionarios sancionados y restricciones sobre sectores clave, como el energético.