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A pesar de la supuesta voluntad de avance de un diálogo interpartidario en torno al proyecto de ley para la legalización de la minería a cielo abierto en Crucitas, ataques entre partidos políticos amenazan la posibilidad de negociación, que iba a tener una nueva etapa este martes.
En una intervención de control político este lunes, en la sesión del plenario de la Asamblea Legislativa, el subjefe del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Juan Manuel Quesada, hizo una serie de señalamientos contra la oposición por haber presentado más de 600 mociones. Alegó que supuestamente se incumplieron fechas para la negociación del retiro de mociones.
En particular, Quesada atacó al Frente Amplio (FA) por haber presentado 366 mociones y solo haber retirado siete; a Liberación Nacional (PLN), porque presentó 185 y retiró 32, y a la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) por solo retirar 15 de sus 63 mociones.
“No hay una verdadera voluntad política para resolver este tema lo antes posible”, acusó el subjefe oficialista.
La bola, en la cancha oficialista
No obstante, voceros de esas tres fracciones políticas rechazaron lo que consideran nuevos ataques del oficialismo, con el expreso interés de dinamitar los puentes de negociación.
Tanto Álvaro Ramírez, del PLN, como Edgardo Araya y José María Villalta, del FA, y Claudia Dobles, de la CAC, rechazaron las acusaciones y enfatizaron que la bola está en la cancha del gobierno, porque ahora es la fracción que lidera Nogui Acosta la que está analizando las mociones de fondo de la oposición que, eventualmente, podrían incorporar al proyecto del Ejecutivo.
El vocero liberacionista instó a Quesada a hablar con su jefe de fracción, precisamente para que se informe sobre los avances de las negociaciones, porque “la bola está en la cancha de ustedes, para que revisen las mociones sustantivas y nos interesa llegar a un acuerdo”.
En respuesta, tanto Quesada como Acosta fustigaron al FA, porque presuntamente solo entregaron la lista de mociones sustantivas correspondientes a los 10 primeros artículos del proyecto de ley, que en total tiene 23.
“Que se pongan de acuerdo el partido de gobierno y el gobierno. ¿Quieren negociar o quieren agarrarnos a patadas en las negociaciones? Esto parece un modus operandi, primero estamos negociando y luego salen diciendo que la oposición bla, bla, bla y luego aparece otra vez don Nogui diciendo: no, negociemos", reclamó Edgardo Araya.
El frenteamplista acusó al oficialismo de no tener verdadera voluntad de llegar a ningún acuerdo, para seguir “buscando enemigos donde no existen y seguir polarizando la discusión política”.
Esta no es la primera vez que se lanzan reclamos en el plenario, pues había ocurrido el 1.º de julio, luego de una intervención incendiaria de Nogui Acosta contra el bloque democrático.
Reclamo por proyecto de ley sin convocar
El Frente Amplio hizo un reclamo directo al jefe oficialista, pues de forma paralela a la negociación sobre las mociones, se exigió al Ejecutivo convocar en sesiones extraordinarias un proyecto de ley para declarar la minería ilegal como una actividad del crimen organizado.
Incluso, después de la primera mesa de trabajo entre fracciones, el viernes 26 de junio, Nogui Acosta aseguró que se trabajaría en paralelo no solo el retiro de mociones y el estudio de las mociones de fondo, sino también otras propuesta de ley, como la liberacionista sobre tokenización y la del Frente Amplio para penalizar la minería ilegal.
Sin embargo, este lunes 13 de julio, Acosta dijo algo diferente: que la convocatoria de ese proyecto sobre mayores sanciones a la minería ilegal se haría en una tercera etapa, más adelante.
Sin embargo, en dos semanas esa acción sería innecesaria, pues para entonces habrá concluido el periodo de sesiones extraordinarias en que Zapote maneja la agenda, y se iniciarán las sesiones ordinarias, en las que los diputados dominan la agenda.
Aunque el oficialismo había dicho que este martes daría su veredicto por las mociones de la oposición, Nogui Acosta dijo que postergarán ese anuncio hasta el próximo viernes.
Aarón Sequeira
Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.
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