Eduardo Rojas Sáenz, aspirante a una magistratura de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, propuso revisar los criterios de admisibilidad de los recursos de casación, luego de señalar que el 80% de los casos resueltos por esa Sala en 2023 y 2024 fueron declarados inadmisibles.
Durante su audiencia ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, consideró necesario examinar las razones de ese porcentaje y determinar si los criterios aplicados podrían limitar el acceso a la justicia.
“Si nosotros desde la Sala debemos asumir posiciones menos rigurosas en cuanto al tema de la casación y abrir los espacios, y las mismas posibilidades que incluso la misma legislación determina a través del artículo 15 del Código Procesal Penal, sobre el saneamiento, debemos revisar que siempre se cumplan los presupuestos para la casación, pero no cayendo en formalismos excesivos”, afirmó.
Rojas dijo compartir la posición externada en votos disidentes de Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema y magistrada de la Sala III, sobre la necesidad de una mayor apertura en el análisis de estos recursos.
El aspirante ingresó al Poder Judicial en 1998 como técnico y ejerce como juez desde 2004. Actualmente es subcoordinador del Tribunal Penal de Hatillo. También señaló que defender la independencia judicial, tanto frente a presiones externas como internas, sería uno de sus compromisos.
Casos de crimen organizado desbordan a tribunales ordinarios
Rojas Sáenz advirtió que la carga de trabajo de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada también genera atrasos en los tribunales ordinarios. Explicó que existen únicamente dos secciones colegiadas que conocen juicios de crimen organizado, procesos que pueden extenderse durante meses y retrasar la atención de otros delitos, como robos, violaciones y estafas.
Para agilizar estos casos, propuso revisar los tiempos entre el cierre de las investigaciones, la audiencia preliminar y el inicio de los juicios. También planteó ampliar las posibilidades de negociación del Ministerio Público, bajo control jurisdiccional, mediante los criterios de oportunidad y la figura del testigo de la corona, incluso en el marco de acuerdos con Estados Unidos y la DEA, sin generar impunidad.
Además, propuso modificar los artículos 317 y 318 del Código Procesal Penal para establecer que la audiencia preliminar sea el último momento para aplicar procedimientos especiales y soluciones alternas.
Penas anuladas en caso por narcotráfico
Yara Jiménez, presidenta del Congreso y diputada del oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), cuestionó a Rojas Sáenz por la duración de un proceso por narcotráfico en el que intervino como juez. La causa comenzó en 2017; en 2023 se anularon parcialmente las penas por venta de drogas y se ordenó fijarlas nuevamente. En 2025 se dictó otra sentencia, que también fue impugnada.
Jiménez señaló que las deficiencias en la fundamentación de las penas pueden influir en la mora judicial. El postulante reconoció la importancia de que los jueces emitan resoluciones exhaustivas para evitar nuevas actuaciones.
Para reducir la mora en casos de criminalidad organizada, propuso revisar los plazos entre el cierre de la investigación, la audiencia preliminar y el inicio del juicio.
También planteó ampliar las posibilidades de negociación del Ministerio Público, bajo control jurisdiccional, mediante los criterios de oportunidad y la figura del testigo de la corona. Además, propuso que la audiencia preliminar sea el último momento para aplicar procedimientos especiales y soluciones alternas, y que se promueva que las partes presenten la prueba para agilizar los juicios.
Causa disciplinaria y deuda
El diputado Antonio Barzuna, del PPSO, consultó a Rojas sobre cuatro causas disciplinarias por presunta negligencia en el cumplimiento de deberes. Alegó que esto implicó una sanción de suspensión sin goce de salario. Además, le preguntó por una deuda con Coopenae cuyo expediente fue archivado tras someterse a un proceso de justicia restaurativa.
Barzuna le preguntó cómo garantizaría la diligencia y la independencia requeridas para ocupar una magistratura en la Sala III, considerando esos antecedentes.
Rojas Sáenz aclaró que no hubo una suspensión, sino una amonestación impuesta por el Consejo Superior del Poder Judicial, luego de resolver un recurso de apelación. Indicó que el caso se relacionó con la falta de firma de una sentencia mientras laboraba en otro despacho.
Sobre la deuda, explicó que asumió una obligación de su hermano por una situación familiar, pero reconoció que no tomó los controles necesarios. Dijo que se sometió a justicia restaurativa y canceló el monto pendiente.
“No pretendo borrar mis errores,” manifestó.