La Asamblea Legislativa tendrá que definir si retira la inmunidad a un diputado del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), para que enfrente una acusación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Se trata de una causa por el delito de cohecho impropio en la modalidad de penalidad del corruptor.
El caso se relaciona con un supuesto ofrecimiento que habría hecho el diputado oficialista Alexander Barrantes Chacón, a otros legisladores, de cargos en el gobierno o embajadas, a cambio del voto afirmativo al proyecto de los eurobonos.
El 9 noviembre del 2022, la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA), denunció el ofrecimiento en el plenario de la Asamblea Legislativa, poco antes de que se aprobara el proyecto de ley para autorizar al Gobierno la colocación de los eurobonos en el mercado internacional.
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“De acuerdo con la prueba obtenida, el acusado le expresó su interés para obtener los votos favorables del partido de ella, pero, además, le ofreció a cambio unos puestos en el gobierno o en embajadas, los cuales, indicó, habían quedado sin nombrar”, indica un comunicado de la Fiscalía.
Barrantes rechazó los señalamientos en su contra y calificó de falsos, los hechos descritos. Aseguró que la aprobación de la ley de eurobonos fue producto de un proceso legislativo abierto.
“Los acuerdos políticos, propios de cualquier democracia funcional, no pueden ni deben confundirse con actos ilícitos. Negociar, proponer, construir puentes entre fracciones y buscar consensos, es parte de mi responsabilidad como legislador”, declaró en un comunicado de prensa.
El diputado dijo estar dispuesto a colaborar con cualquier investigación, pero hizo un llamado a que se le respete el debido proceso, “y que no se utilicen procedimientos judiciales como herramientas para persecusión política o mediática.
La Fiscalía acusó a Barrantes por estos hechos en enero del 2025.
Sin embargo, debido a que cuenta con inmunidad por su investidura como diputado, el procedimiento especial para los integrantes de los poderes de la República, requiere que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, que debía determinar si se solicitaba a la Asamblea Legislativa iniciar con el proceso para el levantamiento del fuero especial.
Luego del análisis respectivo, las magistradas y magistrados notificaron este miércoles a la Fiscalía General sobre el envío de la acusación al Congreso.
En este caso, la Procuraduría General de la República (PGR) también participa como querellante y actor civil.