La Asamblea Legislativa autorizó este miércoles, por excepción, el ingreso y permanencia de militares de El Salvador a Costa Rica para labores de ayuda humanitaria. El aval se otorgó un día después de que un contigente de 75 miembros de las fuerzas salvadoreñas llegó enviado por el gobierno de Nayib Bukele para colaborar en la atención de la emergencia por lluvias.
La moción se aprobó en el plenario legislativo con 30 votos a favor de los partidos Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA), así como una oficialista y tres independientes.
Votaron en contra 21 legisladores de Nueva República (PNR), Progreso Social Democrático (PPSD) y Unidad Social Cristiana (PUSC).
En la moción, el Congreso requirió al gobierno de Rodrigo Chaves informes detallados sobre el rango y el plazo de permanencia de los militares, así como su número exacto. El documento precisa que la autorización se otorga “por la vía de excepción”. A su vez, el texto agradece la colaboración humanitaria enviada por el pueblo salvadoreño, con personal de rescate, policial y militar.
Una publicación en la cuenta oficial de las Fuerzas Armadas de El Salvador indicó que se incluyeron 75 militares en la misión de 300 funcionarios que ingresó a Costa Rica.
La moción aprobada por la Asamblea costarricense plantea que se debe garantizar el respeto a la Constitución Política y el ordenamiento jurídico, pues el inciso 5 del artículo 121 constitucional establece que la Asamblea debe autorizar el ingreso y permanencia de tropas militares en el país.
En la discusión de la propuesta en el plenario, los diputados se enfrascaron en duras palabras. Los oficialistas alegaron que la moción consistía en un ataque a la ayuda humanitaria enviada por El Salvador, mientras que los defensores del pronunciamiento enfatizaron su agradecimiento por el envío de rescatistas.
Rodrigo Arias: Se debe respetar la Constitución
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, aseveró que aprobar la autorización del ingreso de los militares era necesario para garantizar el respeto de la Constitución.
“No podíamos dejar que las cosas se quedaran sin aclarar. Le compete a este Congreso y yo, como presidente, velaré por eso”, afirmó.
Arias enfatizó que la jurisprudencia constitucional ha reiterado que solo a la Asamblea le compete determinar si las tropas que ingresen al territorio son o no de guerra y el Poder Ejecutivo no puede determinarlo de previo, porque es resorte exclusivo del órgano legislativo.
Eliécer Feinzaig, del PLP, argumentó que existe un vacío para definir cuándo se consideran tropas y cuándo no.
“Si un comandante del Comando Sur de Estados Unidos viene a coordinar acciones con el jefe de la policía, ¿sería razonable que pida permiso? Una misión humanitaria, si no viene armada, ¿es razonable atrasarla para pedir permiso?”, cuestionó el diputado.
Feinzaig citó jurisprudencia de la Sala Constitucional según la cual el único órgano con potestad de determinar quién debe pedir permiso es la Asamblea Legislativa, por lo que, en ausencia de esa claridad, es razonable pedir permiso, incluso a posteriori, si se trata de una situación de emergencia.
El vocero liberacionista, Óscar Izquierdo, agradeció al pueblo salvadoreño y dijo que queda pendiente, para otro momento, el análisis sobre el ingreso de fuerzas militares salvadoreñas, porque ahora lo importante es la atención de las poblaciones afectadas por las lluvias.
Cisneros: ‘No vamos a pedir permiso y punto’
“El gobierno no tiene que pedir permiso y no va a pedir permiso. Punto”, dijo la jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, quien citó una resolución de la presidencia legislativa del 2015, cuando el socialcristiano Rafael Ortiz dirigía el Congreso. En esta, él decía que solo las aeronaves artilladas tenían que pedir permiso legislativo para su ingreso.
Cisneros también adujo que un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR) estableció que el permiso legislativo es obligatorio para aeronaves de guerra, mientras que, para el caso de aeronaves no artilladas, se necesita solo el permiso de la autoridad administrativa. “Así que no vamos a pedir permiso y no es necesario”, añadió.
Al respecto, Rodrigo Arias dijo: “Si doña Pilar se siente muy contenta de exaltar que no van a pedir permiso, es un acto de soberbia de ella, pero la verdad es que tiene que ajustarse a derecho y por eso esta moción se aprobó sin el voto de ellos”.
La oficialista Ada Acuña calificó ridículo que las fracciones del PLN y el FA pidan al presidente Chaves información sobre la cantidad de funcionarios y el rango que ostentan los militares.
“¿Qué parte no han entendido de que estamos en una situación de emergencia, que el país está gestionando una ayuda humanitaria?”, alegó Acuña.
María Marta Carballo, jefa de la Unidad, justificó su posición en el criterio de Rafael Ortiz. “No vamos a caer en el show que han aprovechado algunas fracciones”, dijo.
En el caso de Fabricio Alvarado, de Nueva República, les reclamó a los demás diputados que no agradecieran directamente al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por el envío de la ayuda humanitaria.
Antonio Ortega, en su intervención, consideró que en buena hora el gobierno de Chaves hizo la declaratoria de emergencia y que “literalmente lo que hizo fue esperar que se fueran las visitas”.
“Es el momento de ayudar, sin duda. El gobierno tuvo que ponerse a trabajar, posterior a la cena de gala. Llegó muy tarde a la ayuda, pero bueno, agradezco a los funcionarios públicos que ya estaban con las botas puestas, independientemente de que los jerarcas estuvieran brindando en una cena de gala”, dijo.
