Con el apoyo de 44 diputados en el plenario, se aprobó el jueves 27 de febrero en primer debate el proyecto de ley que avala el retiro total de la pensión del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) para personas con enfermedades graves. Sin embargo, el proyecto será retrotraído para realizar una modificación al texto.
La iniciativa propone una reforma al numeral 22 de la Ley de Protección al Trabajador. Así se permitirá el retiro de los fondos en un solo desembolso o en pagos fraccionados de hasta 60 meses (cinco años), en caso de personas que padecezcan una enfermedad grave certificada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Actualmente, el artículo estipula que solo los afiliados y pensionados con una enfermedad terminal pueden acceder a la totalidad de sus fondos.
El proyecto, presentado en el 2020 por el entonces diputado del Frente Amplio, José María Villalta, también contempla el estado de salud grave derivado de un accidente que represente un alto riesgo de muerte y cuyo tratamiento tenga escasas posibilidades de prolongar la vida.
Pese a su aprobación, existe un acuerdo político para retrotraer el expediente a primer debate y realizar un ajuste al texto. El diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, explicó que la modificación incluirá una disposición que permita a una tercera persona retirar el monto.
“La persona, al momento de contratar a su operadora de pensiones, así como designa a un beneficiario de la pensión en caso de muerte, también podrá designar a la persona autorizada para solicitar la entrega de la pensión en caso de una incapacidad de tal naturaleza que la persona no pueda pedirla por sí misma”, indicó.
El proyecto volverá a primer debate y deberá ser aprobado nuevamente antes de pasar a segundo debate y ser publicado oficialmente en La Gaceta.
En el pasado, cientos de personas recurrían a la Sala Constitucional para obtener la totalidad de su ahorro del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
En 2022, los magistrados atendieron 28 casos; para el 2023, se elevaron a 85; y, solo entre enero y mayo del 2024, se habían tramitado ya 80 casos. De los 193 amparos resueltos, el 94% fueron declarados sin lugar. Solo en 12 casos, el Tribunal dio la razón a los pacientes.
Ante este escenario, en junio del año pasado, Danilo Ugalde, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), reconoció a La Nación la necesidad de brindar una respuesta más justa y humana a los afiliados que enfrentan situaciones críticas. Además, consideró necesario reformar la Ley de Protección al Trabajador para avalar la entrega total del ROP a personas con padecimientos graves.
