La mayoría de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa rechazó el proyecto de ley para el reconocimiento de las identidades trans, no binarias, de género diverso e intersex.
Se trata del expediente 23.809, impulsado por la diputada Priscilla Vindas y el resto de integrantes de la fracción del Frente Amplio (FA). El objetivo principal de la propuesta era asegurar el acceso a derechos para esta población, entre ellos la rectificación del sexo asignado al nacer, el reconocimiento libre y el libre desarrollo de la identidad de género, el acceso a educación, empleo y vivienda.
Es decir, se trata de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, a la vez que se busca establecer un marco legal para la prevención, atención y eliminación de cualquier forma de discriminación por identidad de género, expresión de género y características sexuales, sin importar la edad.
La propuesta recibió los votos negativos de Montserrat Ruiz y Sonia Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN); María Marta Carballo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Fabricio Alvarado, de Nueva República, y la independiente Cynthia Córdoba.
El único voto afirmativo fue el de Antonio Ortega, jefe frenteamplista.
El proyecto rechazado buscaba obligar al Estado a garantizar a personas trans, no binarias, de género diverso e intersex la posibilidad de modificar en forma simple, expedita, pronta, efectiva y gratuita su nombre de pila o sexo en su documentación personal, incluso personas menores de edad.
En el caso de las personas a partir de los 12 años, se planteaba la posibilidad de solicitar la rectificación registral del sexo (cambio de nombre de pila o imagen), de forma personal, o por intermedio de tercera persona, a través de un consentimiento informado, tanto para nacionales como extranjeros.
En el caso de las personas menores de 12 años, la propuesta permitía que se hiciera rectificación del sexo registral con el acompañamiento de padre o madre, y el consentimiento de solo una de las dos personas.
Respecto del derecho a la salud, la iniciativa frenteamplista establece el derecho de las personas trans, no binarias, de género diverso e intersex a recibir atención oportuna, sin violencia; asistir a citas médicas, acceder a la hormonización baja, intermedia o alta, así como a bloqueadores de hormonas, entre otros.
“¡Qué triste es perder el tiempo con un proyecto que es una completa ocurrencia y que no es acorde con los principios y valores de la mayoría de costarricenses y solo responde a los intereses de una minoría bulliciosa!”, dijo Fabricio Alvarado, de Nueva República.
El fabricista adujo que la iniciativa permitía la mutilación de genitales en menores de edad, “entre otras atrocidades”.
María Marta Carballo, jefa de la Unidad Social Cristiana (PUSC), alegó que el proyecto es “un absoluto irrespeto para la sociedad, para la niñez”. La socialcristiana adujo que el Estado “no tiene por qué absorber las decisiones personales, mucho menos cuando hablamos de niños”.
En defensa de la iniciativa, la diputada Rocío Alfaro cuestionó que se mencionen muchas cosas que el proyecto de ley no incluye, todo para negarle derechos a una población que tiene una esperanza de vida que ronda los 30 años.
La frenteamplista explicó que eso sucede porque a las personas trans las expulsan de sus hogares hacia las calles, no cuando son adultos, sino desde su infancia.
La legisladora señaló que la propuesta recibió numerosos aportes no solo de la población trans que participó en su elaboración, sino también de sus familias, quienes no rechazaron a estas personas.
“Hay un rechazo que se vuelve violencia, cuántas historias, hay archivos de la violencia, por ejemplo, policial, contra las personas trans en nuestro país”, dijo.