Los diputados aprobaron este jueves, en primer debate, un proyecto de ley que permitiría la contratación de obra pública a dedo y sin controles, según denunció la Contraloría General de la República (CGR).
Se trata del expediente 24215, que reforma la Ley General de la Contratación Pública, para exceptuar de todos los procedimientos de esa normativa no solo las contrataciones que realice la Cruz Roja Costarricense, sino también los “acuerdos de costo compartido celebrados con otros estados, organizaciones internacionales o sujetos de derecho internacional público”.
A favor del proyecto votaron 37 legisladores, mientras que solo dos votaron en contra: Diego Vargas y Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP).
La contralora general, Marta Acosta, hizo numerosos señalamientos de los riesgos de exceptuar, principalmente, los acuerdos de costo compartido celebrados con organizaciones internacionales o sujetos de derecho internacional público, precisamente porque ha habido problemas para fiscalizar contratos de ese tipo en el pasado.
El 25 de febrero, Acosta advirtió que el proyecto tendría peores efectos que iniciativas como la impulsada por el gobierno, el año pasado, para debilitar los mecanismos de fiscalización y control en los recursos públicos.
“De aprobarse esta reforma, estaríamos abriendo una puerta a la selección directa de contratistas sin controles adecuados, debilitando principios fundamentales. El mayor peligro radica en que la contratación a dedo permitiría adjudicar bienes, servicios y obras públicas sin procesos competitivos, ni la fiscalización apropiada. Esto eliminaría mecanismos claves de control sobre el uso de los recursos públicos y favorecería la opacidad en la gestión del dinero estatal”, dijo la contralora.
Esos principios fundamentales a los que se refirió la jerarca de la Contraloría General de la República (CGR) son la transparencia, la igualdad de condiciones, la rendición de cuentas y la integridad.
Aparte de que se debilitarían esos principios, Marta Acosta aseguró que, por la contradicción de la iniciativa con el modelo constitucional, “el proyecto conlleva un alto riesgo de inconstitucionalidad”.
Compromiso de enmienda al proyecto
Feinzaig enfatizó que él votaba en contra precisamente por las advertencias de la Contraloría, sobre todo por los problemas que la propia CGR señaló para obtener información sobre el manejo de fondos públicos de entidades como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
Integrantes de la Comisión de Sociales que tramitaron la iniciativa, como Priscilla Vindas, del Frente Amplio (FA), y las independientes Cynthia Córdoba y Gloria Navas, afirmaron que ya las observaciones de la Contraloría sobre el proyecto habían sido atendidas.
No obstante, Feinzaig manifestó que una persona de la CGR le estaba diciendo lo contrario, a través de un mensaje de texto.
El impulsor de la iniciativa, el liberacionista Óscar Izquierdo, señaló que el compromiso es, después del primer debate, retrotraer la iniciativa y aprobarle una moción de fondo que, supuestamente, arreglaría los problemas del texto y las advertencias del ente contralor.
La votación del segundo debate del expediente fue señalada para el próximo 2 de abril.