En la década de 1970, se originó e instaló en los servicios de enseñanza del Estado el vicio llamado “pedagogismo”, que consiste en poner a las formas por encima de los contenidos –o sea, en ese caso, la formación mediante el conocimiento– y en concebir a las formas según ideologías a priori, y no conforme a su carácter natural de instrumentos determinados por su objetivo natural de enseñar y formar mediante ese proceso, y condicionados, por tanto, a esa finalidad.
A partir de eso, se inició un proceso de decadencia de la enseñanza pública –incluido algún sector de la universitaria– que no ha habido cómo parar, y que incluso afectó a la privada con la increíble prohibición de no enseñar más de lo “permitido” en los programas oficiales, que la Sala Cuarta tuvo que eliminar mediante una decisión histórica, hace poco mas de 10 años.
Pero este mal, igual en su núcleo pero adaptado a otras actividades, se ha extendido a casi todos los servicios públicos, a los que afecta gravemente en su rendimiento.
Se incrementa en algunos por el apoderamiento del servicio por parte de ciertos sectores sindicales abusivos, como es el caso patológico de Japdeva y Recope. Así, el centro de gravedad de los servicios públicos dejó de ser la prestación al usuario para pasar a ser precisamente el culto a las formas sin conexión ni condicionamiento por el fondo, así como, en algunos casos, el servicio a los servidores y no a los servidos.
Absurda y cómica. Así lo ilustra la absurda, y hasta cómica, saga para establecer las tarifas de una grúa que se necesita para ayer en Caldera, tal como informó La Nación. El servicio público sufre un grave daño, hasta que se cumplan los ritos, supuestamente establecidos en su beneficio, sin que a nadie se le ocurra establecer de inmediato una tarifa provisional o aligerar una cuestión tan simple como reunir la información necesaria y hacer los sencillos cálculos para determinar la tarifa final. Los oficiantes del rito no se han enterado de que existen el teléfono y el correo electrónico para auxiliarlos, y que la ley les impone la rapidez y la eficiencia.
El caso de Caldera se repite lamentablemente hasta en la más insignificante obra o servicio. En su culto patológico a las formas debido a este vicio, la administración pública se olvida de su finalidad y, viéndose al ombligo, abandona su función.
Si bien, en sus orígenes, tal idea nace de una concepción ideológica equivocada del servicio público, pronto se cruzó además con la manipulación política y la corrupción que originó, gracias a que la ley, absurdamente, encargó la dirección a directores políticos o nombrados por los políticos, sin injerencia ninguna de los usuarios ni de lo técnico en cuanto tal.
Todo ello ha producido esa oxidada, ineficiente y lenta maquinaria organizacional en que se han convertido nuestras instituciones públicas prestadoras de servicios. Pero no solo estas, sino en general las de gobierno, por lo que las causas indicadas, a su vez, son importantes productoras de la crisis de gobernabilidad que afecta al aparato gubernativo.
Giro copernicano. Si se quiere competir internacionalmente, el recurso fundamental en el mundo moderno es el conocimiento, así como la salud y las destrezas de la población, lo que requiere de servicios públicos eficientes. Pero por ninguna parte el Gobierno ha previsto, y encarado en consecuencia, el giro copernicano que las instituciones públicas necesitan para retornar a su centro natural de gravedad.
Nada de ello ocurrirá mientras no se les otorgue poder a los usuarios y a los técnicos, en la dirección de los servicios públicos dentro de un plan global de gobierno; mientras no se elimine el mito de su inmortalidad y se los obligue a ser eficientes, y mientras sus funcionarios no deban responder por su gestión.
Se debe empezar así la labor de desinfección del pedagogismo, que está infiltrado profundamente, en la marcha diaria de la administración; y, lo que es peor, en la legislación, por lo que se atribuye a “los legalismos” lo que solo está en la tontería de quienes los diseñaron. Pero, obsesionado por algunas ideas que en ningún caso serían la pomada canaria, el Gobierno no lo ve.
