Coincido plenamente con Acoprot en que el retraso de las obras en el Santamaría, y del indispensable nuevo aeropuerto internacional en Orotina, ponen en riesgo el turismo y el desarrollo del país. Solo que, al igual que las cámaras AM-CHAMB y la UCCAEP, al avalar sin estudio propio y como acto de fe, el dicho de Alterra, partieron inevitablemente de que esta tenía razón en sus demandas y, por tanto, debían ser aceptadas. Solo así se explica que recriminaran al Gobierno por no negociar.
En otras publicaciones he explicado -sin que nadie me haya refutado por ser ciertas- que Alterra pretende, sin base legal, con amenazas de demandas o arbitrajes legalmente imposibles, y reteniendo el Santamaría como rehén, que el Gobierno o los usuarios le paguen de más casi $140 millones, entre sobreprecios de las obras -realizadas o por realizar- y gastos no pactados o por encima de lo que corresponde, y sin contar en aquel cálculo la disminución en calidad y cantidad de las obras a realizar. Por ejemplo, por obras "realizadas" cobra más de $80 millones, doble de lo cotizado, que el propio Órgano Fiscalizador de Aviación Civil valora en apenas $42 millones.
Nadando en dinero. Agrego ahora que, de acuerdo con sus propios estados financieros auditados presentados ante la Aresep, ha recibido en estos 4 años $96 millones por su porcentaje en los ingresos del Santamaría, más el "préstamo" de $12,5 millones de dólares que le otorgó el Gobierno, mas los $90 millones ya desembolsados por "los bancos", por lo que está nadando en dinero, y no necesita los $30 millones que "faltan por desembolsar" de ese préstamo, que alega como indispensables para terminar las "obras" y es el pretexto aducido para paralizarlas. Además de que, sin terminarlas e incumpliendo, sigue disfrutando de su porcentaje mayoritario en los ingresos del Santamaría, incrementados considerablemente con cobros ilegales como el del CUAC, además de que pretende un cobro adicional ilegal de $5 o $6 por pasajero. Situación abusiva que se suma a otros incumplimientos fundamentales, y que solo permite que el Gobierno le exija ya -lo que debió haber hecho desde hace años- cumplir el contrato tal como lo firmó, o rescindírselo de inmediato por incumplimiento. Las obras restantes, que valen $30 millones, las haría Aviación Civil con solo el ingreso neto de menos de un año del Santamaría. El Gobierno no tiene alternativa porque esto es lo que imponen el interés público y la ley y, si no lo hace, incurriría en corrupción, tal como la tipifica acertadamente la Ley N° 8422.