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Desde hace muchos años, en varios artículos en esta misma página, he abogado por la abolición de un artículo, el 75, de nuestra Constitución Política, el cual he comparado con un tumor que debe ser extirpado.
Este artículo estipula que “la religión Católica, Apostólica, Romana es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento,” lo cual ha propiciado toda clase de abusos de la jerarquía eclesiástica, aunque debo reconocer que en los últimos años ha habido una leve mejoría.
Creo que ya no se importan lujosos automóviles para estos jerarcas sin pagar impuestos y que el Arzobispo ya no recibe un sueldo del Estado como si fuera un empleado público. Recuerdo la furia de monseñor Arrieta cuando, en uno de esos artículos, revelé la suma exacta que recibía por un trabajo inexistente. Creo que ya eso no sucede.
Dinero de todos. Sin embargo, el dinero que recibió la Iglesia Católica del Gobierno pasó de ¢59 millones en el año 2008 a ¢244 millones este año y recibirá ¢332,5 millones el año entrante. Este dinero lo pagamos todos los costarricenses, no solo los católicos.
Es lamentable que esto suceda en momentos de crisis cuando la miseria golpea a las clases más necesitadas del país, para las cuales este dinero sería una gran ayuda. Además, no tiene por qué recibir dinero una institución que no la necesita. Porque la fortuna de esta iglesia es inmensa.
En uno de los tantos debates que tuve con monseñor Arrieta, este dijo que no podía precisar el monto exacto de esta fortuna, pero que debía ser algo más de ¢20.000 millones. Esto fue hace ya muchos años y desde entonces ha crecido en forma casi milagrosa, como si fueran panes o peces.
Este dinero se invirtió, parcialmente, en acciones de la Cervecería Costa Rica, lo cual produjo el contrasentido de que muchos sacerdotes, en sus sermones predican en contra del licor, mientras que sus superiores invierten en la fabricación de este producto.
Otra parte del dinero se invirtió en una financiera ilegal, como descubrieron los periodistas de La Nación Giannina Segnini y Ernesto Rivera y lo dieron a conocer en una serie de reportajes por la cual recibieron el Premio a la Mejor Investigación Periodística de un caso de Corrupción en América Latina y el Caribe, otorgado por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).
Por esos manejos ilegales, el presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo José Francisco Ulloa, fue acusado ante nuestros tribunales por el delito de administración fraudulenta.
Este sacerdote es uno de los que se oponen con más fuerza al proyecto para eliminar el artículo 75 de nuestra Constitución Política y llegó al colmo de pedir públicamente a los feligreses que no voten por los candidatos presidenciales que estén en favor del proyecto, lo cual es absolutamente ilegal, ya que el artículo 28 de la Constitución indica que “no se podrá (…) hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas.”
Además, se opuso, con argumentos absurdos, a una de las correctas medidas de la Ministra de Salud para evitar la propagación de la influenza AH1N1.
Virtudes de la laicidad. El arzobispo, Hugo Barrantes, también se ha opuesto, con todas sus armas, a este proyecto, indicando que “Los grandes crímenes se dieron en pueblos que negaron a Dios.” Pero en la actualidad casi todos los países occidentales son laicos.
Me contó una amiga mía francesa que en su país es prohibido en todos los centros de estudio estatales que los estudiantes lleven signos externos religiosos, como cruces o rosarios y nadie duda de la enorme ventaja del Estado laico del país, sobre todo comparado con el pasado, como “la noche de San Bartolomé” cuando, con la complicidad de las autoridades eclesiásticas, los católicos salieron a matar protestantes, como si estuvieran en el inicio de una temporada de caza.
Más bien ha sido en países en los cuales la Iglesia Católica se ha unido con los gobernantes donde se han producido grandes crímenes, como durante el gobierno de Francisco Franco, siempre tan devoto y que nunca se perdía la misa dominical.
Igual sucedió en América Latina con casi todos los dictadores. “Incluso en Costa Rica existen políticos corruptos que se declaran creyentes y si por casualidad deben ir a la cárcel, lo primero que ponen en sus valijas es una biblia”.
Espero que la mayoría de los diputados comprendan la importancia de este proyecto y conviertan a nuestro país –¡por fin!– en un Estado laico, para beneficio de todos los costarricenses.
