Se aprobó el proyecto de ley para modernizar nuestro sistema municipal, el más atrasado del continente, que crea la figura de alcalde, pero no podemos contentarnos con cambios en la ley municipal. Debemos continuar de inmediato con una reforma electoral más amplia, siguiendo las líneas del modelo suizo que goza de amplia experiencia. No se trata de un asunto meramente electoral, sino de una medida estratégica de apalancamiento para contribuir a generar una visión compartida de futuro y ajustar el Estado a las nuevas necesidades.
El Triángulo de Solidaridad es una buena medida del gobierno entrante que busca promover la democracia directa y la descentralización institucional. Se trata de una iniciativa encomiable que busca trasladar a las comunidades, juntamente con las municipalidades e instituciones, la aplicación de la política social, pero que encontrará serios escollos en su aplicación dentro de las actuales estructuras institucionales. En la mayor parte de los municipios la gente votó pero no eligió, de hecho los munícipes fueron nombrados por los dirigentes partidarios. Una vez elegidos, estos rinden cuentas a los jerarcas y no a los ciudadanos que votaron "chorreado" por indicación superior.
Por otra parte, un sector de asociaciones de "la comunidad" en realidad no son otra cosa que ficciones jurídicas creadas por los diputados en protocolos amigos, para repartir sin interferencias las partidas específicas. De tal manera existen las condiciones para que el Triángulo pueda ser abusado con facilidad por los burócratas institucionales, los funcionarios municipales y las asociaciones ficticias para dar más de lo mismo, esto es clientelismo político y atolillo con el dedo al nuevo gobierno y a la comunidad nacional.
Participación local. Esto no quiere decir que el Triángulo de Solidaridad no pueda y deba funcionar bien ahí donde existen comunidades con cultura cívica, esto es, con organizaciones activas y donde los munícipes tienen un arraigo real en sus comunidades. En esos terrenos el Triángulo de Solidaridad cumplirá con una función importante de fortalecimiento de la organización y participación local; de generación de condiciones y acumulación de fuerzas para impulsar las reformas necesarias para que la democracia participativa se haga efectiva. Pero para que esto suceda y el Triángulo de Solidaridad alcance plenamente sus objetivos se requiere que esta nueva institucionalidad reciba un fuerte espaldarazo del nuevo gobierno, pero sobre todo de la Asamblea Legislativa entrante a través de la aprobación de una amplia reforma electoral. Son las decisiones políticas que marcan camino, las que permiten a la comunidades organizadas y a los funcionarios institucionales diferenciar lo sustantivo de la retórica cotidiana.
Mientras estas reformas no se produzcan, esto es, mientras no esté definido el modelo de Estado y sociedad que se pretende construir, los jerarcas y funcionarios tomarán la retórica dejando de lado el contenido. En otras palabras, ningunearán a quienes tenemos alguna esperanza de iniciar el cambio y la transformación con el Triángulo de Solidaridad. Que se realice o no esta reforma es reponsabilidad en primera instancia de quienes ocupan curules en la Asamblea Legislativa y del gobierno, pero también de todos los ciudadanos. Es hora de analizar las experiencias y propuestas, y de proponer los cambios que el país necesita para que no estemos, dentro de cuatro años, quejándonos de tener que escoger entre los que las camarillas partidarias nos eligen, mientras se agudizan los problemas internos del país.