Para que se haga efectivo el principio constitucional de la responsabilidad y de la rendición de cuentas ante los ciudadanos de los funcionarios públicos, es necesario que las instituciones, órganos y gestiones públicas sean transparentes y realmente públicos en el sentido de sus datos y actuaciones. Porque es obvio que, sin ese conocimiento, no se puede ejercer el control ciudadano, y aquel principio queda en nada.
Afortunadamente ahora se tiene con Internet el instrumento necesario para que ello sea posible ya que, sin eso, y dadas las barreras burocráticas y el volumen de la información necesaria, hasta ahora el principio del acceso público queda en la práctica anulado.
Deben estar ahí -como ya se ha hecho en otros países- todos los datos necesarios, en cuenta sus presupuestos claramente ordenados, sus programas, regulaciones, evaluaciones según criterios de eficiencia y costo beneficio, y todos los resultados y cifras que permitan ejercitar eficazmente ese control por parte de los ciudadanos.