EscucharEl Estado es creación de las personas y en consecuencia debe responder a sus necesidades y aspiraciones, dentro de las cuales el trabajo ocupa un lugar trascendental, en tanto da sentido y dignidad a la vida y está al servicio del hombre.
No importa si se trata de un trabajo físico, intelectual, de creación o reproducción Ðcomo expresaba Juan Pablo II; lo importante es que refleja el sello del hombre y de la mujer dándole razón de ser a su existencia. De ahí que el trabajo se convierta en un derecho de la persona pero también en una obligación para consigo mismo y para con los demás. Un concepto que está claramente recogido por nuestra Constitución Política donde se le define como "(...) un derecho del individuo y una obligación con la sociedad".
Logros múltiples. Convencidos de que el diálogo es el arma más poderosa para la transformación en una democracia, la actual Administración ha propiciado desde su inicio un auténtico proceso de diálogo permanente con los diferentes sectores de la sociedad organizada.
En concordancia con esta política y convencido de que el consenso es la mejor alternativa para la solución de los problemas nacionales, el Ministerio a mi cargo fijó el Diálogo Social Permanente como pilar indispensable del quehacer institucional e impulsó el fortalecimiento del Consejo Superior de Trabajo como su principal ejecutor.
Dentro de este marco de referencia se logró la redacción consensuada de un proyecto de ley para la transformación del Auxilio de Cesantía en un derecho indisputable de los trabajadores y le rompimiento el tope de los ocho años.
Algo similar ocurre con el proyecto de ley sobre libertades sindicales que contempla, básicamente, una mayor autonomía en la organización de los sindicatos y la creación de mecanismos de protección para los dirigentes sindicales despedidos sin justa causa.
En materia salarial. El diálogo también ha sido permanente con el fin de lograr fijaciones de aumento concertadas entre todos los sectores. De esta forma, durante 1998 se decretaron aumentos salariales para el Sector Público que cubrieron el índice de inflación acumulada durante ese año. Dichos ajustes contabilizaron un 13,05 por ciento y cubrieron sobradamente el aumento del índice de precios del periodo, que fue del 12,36 por ciento.
También se brindó decidido apoyo al movimiento cooperativo, en aras de que contribuya al desarrollo económico y social del país. Para ello se elaboró un proyecto de ley que dotará de recursos financieros al sector con el fin de hacerle frente a la crisis que atraviesa. Lo anterior garantizará la vigencia de un esquema nacional consolidado de democratización económica. Además, convencidos de que el sector de la pequeña y micro empresa puede constituirse en una fuente de generadora de empleo y riquezas, volcamos nuestros esfuerzos a impulsar este sector, canalizando recursos mediante el Programa Nacional de Micro y Pequeña Empresa (Pronamype).
Durante el primer año, se destinaron alrededor de ¢700 millones a financiar proyectos de pequeña y microempresa en la zona rural del país, la mayoría dedicadas a la agricultura y la ganadería.
Disminuir la pobreza. Uno de los principales objetivos de esta administración también es disminuir el número de familias pobres en el país. Pero antes, decidimos "poner orden en la casa" para asegurarnos que los recursos destinados a los programas de bienestar social lleguen hasta las personas que los necesitan.
Es así como luego de las anomalías detectadas en el manejo del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Ministerio de Trabajo se trazó el objetivo de establecer un sistema de administración eficiente con participación activa de la sociedad civil.
De este modo, se procedió a la reorganización de Fodesaf, a la elaboración y lanzamiento del Plan de Solidaridad, y a la elaboración y presentación del proyecto de ley Ðtambién consensuadoÐ sobre el Fondo de Desarrollo Humano.
En concreto, durante 1998 Fodesaf financió más de 57 programas sociales con cobertura nacional, sin contar los cientos de proyectos comunales ejecutados por los gobiernos locales.
