¿Cómo llamar a quien, conociendo las reglas legales y sociales, las transgrede? Esto, en términos profesionales, algunos llaman “sociopatía”.
Recordemos noticias de los últimos días, y de otros casos de corrupción, como los cuestionados decretos al final del Gobierno anterior, el informe de los ministros sobre las fincas irregulares para vivienda, el caso de La Promesa, las denuncias sobre los lotes con servicio del IMAS, el Triángulo de Solidaridad, la Cárcel de Pococí, la complicidad en el permanente daño al ambiente, el tráfico de influencias y de personas, las denuncias de Casa Alianza, las contribuciones millonarias en la campaña electoral, los informes y denuncias presentados por la Defensoría, el Estado de la nación , la Contraloría y Transparencia Internacional.
También consideremos la salida obligada de ministros y presidentes ejecutivos, el apoyo ilegal a la guerra en Iraq, el despilfarro en el ICT, BICSA, Reconversión Productiva, Prodapen, FOPROSVI, Tesorería Nacional, IMAS, INCOP, ICT, CCSS; las pensiones de privilegio, pago de prestaciones a exjerarcas, consultorías millonarias. Recordemos la evasión y exoneración de impuestos por compromisos y conveniencias, el permanente endeudamiento externo con créditos supuestamente blandos y a veces innecesarios, entre muchos otros casos.
Ante todo ello, me pregunto: ¿cómo alguien que llega a la función pública, que en muchos casos jura defender la Constitución y las leyes de nuestro país, no se siente responsable ni culpable, pues tiene sus propios códigos y no toma en cuenta los códigos de la sociedad civil y del estado de derecho costarricense?
Simples obstáculos. Algunas personas que llegan a la vida pública y ocupan un cargo dentro de la alta jerarquía de una institución del Gobierno, manejan no solo sus propios códigos, sino su ley interior, y los impedimentos normativos, controles fiscalizadores, leyes, reglamentos, normas sociales, etc., son simples obstáculos que procuran sortear, mientras que, para la mayoría de la gente, resultan ser elementos de abstención y de castigo, que no pueden ni deben quebrantarse.
Incluso en algunos procesos hemos podido apreciar numerosos casos de cohecho, prevaricato, malversación, tráfico de influencias, beligerancia política, que pueden escapar de los controles legales, aunque contravengan manifiestamente los códigos éticos.
Esas acciones nefastas de ciertos funcionarios públicos evaden los controles, desvían recursos, benefician el clientelismo y permanentemente manipulan y en especial mienten sobre la verdad de las cosas, según la circunstan-cia y con la única finalidad de conseguir un objetivo. Pueden mentir a través de lo verbal y a través de lo corporal; es decir, pueden actuar y hacer toda una escenificación, manteniéndola el tiempo que sea necesario, hasta conseguir su objetivo.
Algunos se han hecho tan expertos, que se han dedicado a desarrollar una estrategia de ocupación, control y permanencia en el poder político y económico. Esto confirma que el sociópata repite una y otra vez su conducta que le produce una ganancia, a cualquier costo y sin ninguna pena.
Dentro de todo esto, llama también la atención cómo, a sabiendas de que se denuncia porque se comete un delito, otros solo atinan a decir que es pura “politiquería”, que son actos de mala fe los que los lleven a los tribunales.
Para ejercer la ineludible responsabilidad política, los jerarcas no necesitan aguardar el resultado de Comisiones Investigadoras o de indagaciones judiciales, ni de Comisiones de Notables, ni mucho menos de Tribunales de Ética; por tanto, saben cómo evadir y, si es del caso, encontrar otros responsables, pasar la carga, porque supuestamente ellos “nada tuvieron que ver”; y, así, pronto se olvidan las cosas...
Parece que existe un cierto acuerdo entre quien manipula y quien se hace de la vista gorda. Así, este último, con su permiso, dice “sí” a la acción que transgrede las normas legales, éticas y morales de la sociedad.