A raíz de la tragedia ocurrida por el derrumbe del puente sobre el río Grande de Tárcoles, varios diputados pidieron, no se sabe ante quién, la renuncia de la ahora exministra de Transportes, Karla González. Se olvidaron estos señores diputados de que, por omisión de la Asamblea Legislativa, de la que forman parte, no se ha legislado como corresponde para hacer cumplir el artículo 11 de la Constitución que ordena, de manera directa, la rendición de cuentas por resultados y la responsabilidad personal del funcionario por sus actos.
La prolífica legislación de control con la que pretendieron responder al artículo 11 se centra en ocasiones en detalles intrascendentes como parte de la Ley anticorrupción, pero han omitido lo más importante: la responsabilidad personal del jerarca por sus actos y omisiones.
Mientras los jerarcas no respondan al menos con su puesto, nada va a cambiar en la Administración Pública. Solo cuando sepan que pueden ser destituidos por mala gestión, se van a preocupar por cambiar la normativa que genera “ingobernabilidad” y por exigirles resultados a sus subalternos.
Este entrabamiento, según los especialistas en derecho, depende en un 60 por ciento del reglamento con que se aplica la Ley General de Administración Pública, cuya modificación es resorte del Presidente de la República (sic) y apenas en un 40 por ciento de la Ley.
No entiendo cómo se limitan a protestar y no a proponer creativamente legislación para exigir cuentas y responsabilidades, como corresponde a la dignidad ciudadana de los representantes del pueblo.
No piensan que tienen una cuota importante de responsabilidad por el mal funcionamiento de nuestro país, no solo por no legislar de acuerdo con el mandato constitucional, sino por no ejercer el control efectivo, a la hora de aprobar el presupuesto, sobre las partidas donde se define qué se hace en obra pública y que se posterga ad infinitum . ¿O es que no tienen un departamento técnico y un pelotón de asesores para que los alerten sobre las omisiones y abusos?
Señores diputados: sus protestas son difícilmente creíbles en campaña electoral, si no van acompañadas de propuestas que reafirmen el respeto y cumplimiento de las normas constitucionales y el debido control de la ciudadanía.
Sería conveniente que la ciudadanía tome nota de este grave problema que afecta, de manera creciente, el funcionamiento de nuestro Estado y el debido equilibrio entre poderes, con detrimento creciente para todos, y si no hay propuestas dignas, entre los candidatos y partidos, para hacer cumplir la Constitución y la soberanía ciudadana, mejor anule su voto.
