O ra pro nobis. Tal es el rezo que entona la política de obras públicas del actual gobierno, copiada del anterior. A la presunta acción milagrosa de esta santa, pese a que los resultados no responden, se continúa encomendando el desarrollo del sistema vial, de los puertos, del alcantarillado, etc. Y no solo continúa la fe ciega en que hace milagros, como subproducto de una ideología económica, y de conceptos ya superados por el propio Fondo Monetario que los impulsó en los años anteriores, sino que tampoco se atiende a la evidencia de que es imposible que pueda hacer los milagros que se esperan de ella.
Porque, por ejemplo, de los 35.000 kilómetros de vías nacionales, si acaso 500 son concesionables, por su volumen de tráfico y la naturaleza de sus accesos; porque en los puertos no se ha encontrado una fórmula viable para desarrollar nuevas instalaciones, con verdaderas inversiones, que vayan mas allá de financiarse con los mismos ingresos; porque en el alcantarillado sanitario, el propio Banco Mundial –que ya cambió de idea– lo objeta, según informó Al Día, con el irrefutable argumento de para qué encarecer el servicio con un intermediario, que se financiaría en los mismos bancos y lo pagaría con los mismos ingresos del servicio.
Aplicación decepcionante. Además de las dificultades propias de aplicar una fórmula única, a una realidad que, por requerir de varias no acepta ese reduccionismo, la aplicación de la concesión a lo que en principio pudiera merecerla, no ha podido ser más decepcionante. Primero en la autopista Aeropuerto-San Ramón, en que fracasó porque desde un principio se violó la primera ley de concesión, y sus sanos principios, mejores en algunos aspectos claves que los de la actual. Se culpó entonces a la ley –como siempre– y se gestionó la nueva ley de concesiones, más complicada y a la que ahora se culpa de los siguientes fracasos por su exceso de reglamentismo y su irrealidad. Luego en el caso del aeropuerto, en que se concesionó de contrabando, bajo una figura reglamentaria caprichosa que ha demostrado ser puro papel a disposición del Ejecutivo, y a favor del contratista, y en que el esquema originalmente previsto pronto se desvió en beneficio del concesionario y en perjuicio de los intereses nacionales.