El desacuerdo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por el seguro de los diplomáticos costarricenses en el exterior nos describe con bastante justeza el descaminamiento del Estado. He aquí un problema que carece de fundamento, que no debió presentarse y que, en circunstancias normales, debió haberse resuelto sin mayor dilación.
Tal como lo informamos ayer, la Cancillería ha sido el principal moroso de la CCSS hasta el 17 de marzo pasado. Adeuda ¢1.385 millones por el impago de la cuota obrero-patronal. Esta morosidad, según lo explicó el canciller Roberto Tovar, se origina en diferencias de criterio sobre la obligación de los diplomáticos costarricenses de efectuar dicho pago. Así, durante varios años, estos funcionarios no cumplieron con esta normativa social, en vista de que no estaban en capacidad de disfrutar de los beneficios derivados de dicho pago por hallarse en el exterior. Sería absurdo, en estas condiciones, que debiesen viajar a Costa Rica para recibir atención médica de parte de la CCSS y sería injusto aducir que, de todos modos, debían soportar la deducción correspondiente en aras de la solidaridad social. Pareciera que sobre el particular hubo un acuerdo tácito entre las partes, lo que ha sido, a todas luces, injusto por cuanto ha dejado en el desamparo a los diplomáticos obligados por fuerza sufragar con sus propios medios cualquier atención médica en el exterior.
En noviembre del 2002, gracias a un convenio, se comenzaron a efectuar las deducciones correspondientes a los diplomáticos, condicionado a que la CCSS le compraría al Instituto Nacional de Seguros (INS) una póliza de seguro internacional para disfrutar del derecho a la salud. Sin embargo, el actual presidente ejecutivo de la CCSS, Alberto Sáenz, vetó dicho convenio, conforme a una resolución de la dirección jurídica de la CCSS, ya que esta no puede negociar con una entidad morosa que, en todo caso, no es propiamente la Cancillería, sino el patrono, el Estado, del que forma parte el Instituto Nacional de Seguros. La solución radica en la aprobación de un presupuesto extraordinario, pero se dice que no hay recursos. Mientras se aclaran los nublados financieros del día, los diplomáticos seguirán a la deriva. Tampoco pueden estos amenazar con bloquear alguna carretera o llegar con pancartas a la Asamblea Legislativa. Podrían apelar por sus derechos a los dirigentes políticos, a los precandidatos y a los candidatos, pero no creemos que su número despierte el apetito político-electoral.
La salida, por ahora, ha sido, como siempre, tocar las puertas de la Sala Constitucional para que esta resuelva lo que la administración no pudo. He aquí, pues, un círculo vicioso que explica las extrañas y frecuente peripecias del Estado, en menoscabo de los derechos de las personas. No sabemos cuándo la Sala Cuarta resolverá el caso, mas, ese día, de ser favorable la resolución, los funcionarios afectados se encontrarán exactamente en la misma situación: se aducirá que no habrá recursos, lo que obligará a los quejosos a recurrir al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa a mendigarlos. Esto es, el Estado carece de medios legales y financieros a mano para satisfacer, de manera decente y cumplida, los derechos de un grupo de ciudadanos que sirven al país en el exterior, expuestos, ellos y su familia, en las circunstancias actuales, a toda clase de riesgos. Si este motivo no es suficiente para que aparezcan sin tardanza los recursos, ¿dónde está el principio de solidaridad social?