Nigeria, desafortunado país centroafricano, se debate de tiranía en tiranía y no ha podido encontrar la institucionalidad de la ley, los tribunales y el derecho, en que mande la autoridad objetiva de las normas y no la voluntad del de arriba. Del primero hasta el último sargentón de la lista, sobre los tribunales y la ley, priva la voluntad de quien tiene el poder.
El historial de la gestión interesada parece el de un aeropuerto nigeriano, y no el del principal aeropuerto de Costa Rica, que bien que mal ha sido un país de leyes. Y que además lleva al ilustre nombre de Juan Santamaría, héroe nacional de la libertad ciudadana, cuyo sustento es la ley.
Arranca con la idea, que avaló la Contraloría con su acrobática teoría de los "tipos abiertos" de contratación, de que vía decreto, o sea, por voluntad del presidente, pueden entregarse en explotación a un particular los bienes públicos, aunque la Constitución diga que para eso se requiere ley o autorización legislativa. Abrió así la Contraloría el portillo para entregar a cualquiera cualquier bien público, del Teatro Nacional en adelante, según las reglas dictadas por la voluntad soberana del presidente. Se creó así una versión caribeña porque, aunque no nos guste, colindamos por el este con el mar Caribe, y no con el "Atlántico" de la "gestión interesada" europea, la cual es solo una forma de gestión directa de la administración pública y bajo su régimen, cuenta y riesgo; y que se trastrocó aquí en una fórmula "chicle" de entrega concesional de la obra o servicio a un particular, en que este dispone bajo su régimen, y que es todo al mismo tiempo: concesión o contrato de obra, de administración, de diseño, de asesoría, etc. Y que, al ser una fórmula en blanco, sin los controles de una concesión legalmente tramitada, permite todo sin mayores controles, según la experiencia lo ha demostrado.