Aunque existe un cierto consenso sobre la importancia de la descentralización del Estado costarricense, no han existido ni la visión ni la voluntad real para hacerlo.
Se aprobó formalmente trasladar el 10% del presupuesto a los Municipios, pero esta aprobación quedó en suspenso por "insuficiencia legal". Se aprobó la elección directa de alcaldes, pero separada de la elección de regidores y, además, apenas unos meses después de las elecciones presidenciales, sin un clima electoral local. De tal forma, la votación ha sido baja y los alcaldes así electos casi nunca gozan del respaldo de los regidores. ¿Por qué no se hizo la elección de todas las autoridades municipales a medio período para que las comunidades se concentren en sus asuntos, como corresponde por lógica y tradición en los países donde se ha fortalecido el municipio? Digámoslo sin ambages: por temor de las camarillas partidarias nacionales de perder el control dedocrático .
Este tipo de reformas a medias es lo que nuestro pueblo llama "aguas miadas": algo que se hace para aparentar que se están haciendo cambios frente a la presión de la prensa, sin la voluntad real de hacerlos, actitud que complica más las cosas.
Tareas grandes y complejas. Descentralizar el Estado es una tarea fundamental, pero no todo se puede hacer transfiriendo funciones a los municipios. La experiencia exitosa de otros países, como Italia, nos plantea la importancia de las regiones como una instancia intermedia entre el poder nacional y el local, creándose así tres niveles de gestión pública complementaria. Gracias a la descentralización realizada en la década de 1970, se pudo transferir en ese país, en poco menos de una década, más del 60% del presupuesto nacional a las regiones y municipios. Las regiones asumieron la gestión de tareas cuya envergadura o complejidad no podían realizar los municipios como, por ejemplo, la educación o la salud. Esto le permitió a Italia catapultar su desarrollo local y nacional dentro de las naciones europeas.
Hacer algo semejante en Costa Rica nos obliga a empezar por revisar la división territorial provincial, que obedece a criterios del siglo XIX. Esto, sin embargo, aunque demanda cambios legales, no debe colocarse como un obstáculo insoslayable. Con un poco de voluntad política y presión de la gente organizada, se puede resolver en la Asamblea Legislativa.
La actual regionalización de Mideplan puede servir de base para redefinir la nueva organización provincial y cantonal, dándole, eso sí, autonomía, dentro de las leyes y políticas nacionales, a las nuevas provincias, para llevar a cabo sus tareas.
Con visión de futuro. Estamos en una época de cambios y solo podremos salir del atascadero si dejamos de pensar que todo debe resolverse dentro los viejos marcos. Debemos empezar a pensar con visión de futuro y proponer y exigir respuestas innovadoras y creativas de los políticos.
Al igual que la regionalización, debemos exigir la construcción del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas por resultados, que demanda la reforma del artículo 11° de la Constitución, cambio aprobado en el 2000; la puesta en marcha de la normativa para poder ejercer el derecho constitucional al referéndum; la eliminación de las presidencias ejecutivas, la revocatoria del cargo y las reformas institucionales solicitadas por los rectores, etc.
La iniciativa y la creatividad de nuevas respuestas de los partidos y de los políticos a las necesidades del país, y no sus supuestos atributos, deben ser los criterios que orienten la toma de decisiones electorales en los próximos meses.
