Las protestas y cierres callejeros contra el llamado Combo del ICE trascienden el proyecto de marras aprobado por la Asamblea Legislativa. No solo reflejan una profunda erosión de confianza en la clase política, sino que evidencian la carencia, en nuestro ordenamiento jurídico, de mecanismos capaces de dar una salida institucional democrática a situaciones de esta naturaleza, como los que tienen las democracias más avanzadas donde existe la rendición de cuentas y control ciudadano sobre los poderes.
Un Estado a la deriva. Nuestro sistema político, con todo y haber permitido grandes avances en el pasado, corresponde más a la democracia de los gamonales del siglo XIX. Los partidos políticos son instituciones autocráticas. Los candidatos son impuestos por listas. El ciudadano puede votar pero no elegir. La misma Asamblea Legislativa no tiene control sobre la idoneidad de los nombramientos de los altos jerarcas que realiza el poder Ejecutivo, ni sobre el resultado de los programas y proyectos aprobados en el presupuesto. Un Estado donde la deuda pública crece para atender privilegios de grupos de poder y cuyo servicio, a mediano plazo, amenaza con la quiebra de la hacienda pública. Una quiebra que, de no evitarse pronto, hará colapsar los sistemas de pensiones y conducirá a la venta forzada de todos los activos públicos y no solo los del ICE. En estas condiciones el ciudadano se enfrenta a la ineficiencia de un Estado, cada vez más sobrerregulado en los detalles pero, que no exige capacidad gerencial ni resultados de sus altos jerarcas. Un estado de cosas donde la impunidad de quienes asaltan regularmente al patrimonio público se ha hecho cotidiana y donde las promesas incumplidas por las administraciones de las últimas décadas han acabado con la paciencia y credibilidad ciudadana.
Por eso no puede verse la protesta como algo referido solo al combo del ICE, sino como un desborde de tensiones que no han encontrado, por limitaciones del ordenamiento jurídico, canales institucionales para dirigir su acción de protesta y control. La solución, pues, no puede limitarse al proyecto del ICE, se requiere de una reforma institucional que en lo inmediato debe empezar por abrir el camino al referéndum que tan buenos resultados ha dado en Suiza.
Reparto de la hacienda pública. Pero las acciones no pueden limitarse al campo de los partidos tradicionales exige también un cambio profundo de los sindicatos y organizaciones populares en general. La acción de estas organizaciones no puede limitarse a las actividades reactivas frente a las iniciativas de los políticos manteniendo el orden de cosas existente. Estas organizaciones no deben engañarse y pensar que las movilizaciones populares contra el combo fueron obra de su capacidad organizativa o política. Mantener como bandera central la defensa de la actual institucionalidad, cuando esta es usurpada, saqueada y entrabada progresivamente, no genera una visión de futuro estimulante para la ciudadanía, aunque haya permitido aprovechar un estado de ánimo colectivo.
El Estado costarricense debe transformarse y las organizaciones populares, para tener liderazgo real y éxito político, deben enarbolar la bandera del cambio y la transformación institucional para construir una nueva patria. Dejar esta bandera en manos del neoliberalismo, cuando su necesidad es ampliamente sentida, puede conducir a privatizaciones atrabiliarias. Solo detrás de una bandera de esperanza y futuro se aglutinará la ciudadanía. Pero todo cambio tiene costos y hay que estar dispuesto a pagarlos. Omitir la lucha contra la corrupción, que es también una forma perversa de privatización, para no chocar con algunas "bases", no genera credibilidad ni esperanza en la población ni entre los mismos empleados que conocen y sufren sus efectos. Mantener pensiones juveniles en la universidades públicas, "por ser una conquista laboral", es desmantelarlas cuando su capital humano empieza a producir mejor y se convierte en una forma de subsidio para las universidades privadas que los contratan.
Capacidad gerencial y control cívico. Es preciso centrar esfuerzos en la instauración de una verdadera rendición de cuentas por parte de los altos jerarcas por el uso de los recursos recibidos para financiar programas y proyectos. Una rendición de cuentas que les cueste el puesto en caso de incumplimiento conducirá a desregular las instituciones y hacerlas productivas. Solo cuando quienes tienen el poder de desregular se vean afectados y no beneficiados como lo es actualmente para justificar su ineficiencia, se procederá a hacer los cambios y ajustes que se requieren para una buena administración. Solo cuando se concentren los esfuerzos en sacar a los políticos de la administración directa y se exija capacidad gerencial y control de la ciudadanía, podrán reorganizarse y hacerse eficiente los servicios públicos. Lamentablemente por el momento, esta no parece ser la prioridad del movimiento sindical, que aún no ha tomado plena conciencia de lo que significa la quiebra de la hacienda pública ni de la necesidad de nuevas exigencias estratégicas.