La Asamblea Legislativa, mediante la Ley Nº 7440, del 11 de octubre de 1994, estableció la censura del Estado sobre los espectáculos públicos, para impedir el acceso de los menores de edad a los que les resulten inconvenientes, y la incitación a la violencia, la guerra o el odio nacional, racial o religioso. Todo ello en forma que lo establecen la Constitución Política y la la Convención Americana de Derechos Humanos, y lo autoriza Constitución Política, porque tales actos no forman parte de la libertad de expresión.
Cuando se tramitó esta ley, algunas empresas de espectáculos públicos pretendieron que debía haber autocensura y no censura por autoridades del Estado, pero perdieron la partida porque nunca ha sido razonable poner al conejo a cuidar las zanahorias, como lo demuestra el caso del Código de Etica de los productores de Hollywood, cuyo único defecto es que nunca ha sido observado.
Faltaba, no obstante, el reglamento a dicha ley, que integrase la Oficina de Censura y las comisiones auxiliares y que, bajo los criterios de la ley estableciese las reglas más concretas para su ejecución. Por eso, el 13 de mayo de 1996 un grupo importante de ciudadanos, que incluía a destacados políticos, intelectuales, profesionales y empresarios, en cuenta al ahora presidente de la República y entonces precandidato, Miguel Angel Rodríguez Echeverría, alarmados por el incremento de la violencia en la criminalidad, y de sus evidentes raíces causales en notoria violencia en los espectáculos más populares como la televisión y el cine, nos dirigimos públicamente (Foro de La Nación de ese día) al entonces presidente Figueres pidiéndole "actuar de inmediato y sin contemplaciones" conforme a la ley porque "muchos de los programas de la televisión costarricense están causando un daño irreparable a la niñez y a la juventud, por ser portadores implacables de violencia, odio y pornografía, y como mensajeros de conceptos falsos y destructivos sobre el ser humano, la sociedad y la familia". Se recordó ahí, además, que conforme a la Ley de Radio y Televisión, las concesiones que otorga el Estado a los empresarios del espacio radioeléctrico que le pertenece, para que estos puedan operar sus estaciones, están expresamente condicionadas a que las transmisiones contribuyan a elevar el nivel cultural del país, y no a destruirlo. Asimismo, que dicha ley, junto con la de espectáculos públicos, brindaba todos los instrumentos para impedir esos males. Por eso le pedimos acción a don José María Figueres, en razón, según decimos en aquella carta pública, que "las autoridades tengan todo el control en sus manos, y que la permanencia del estado de cosas que denunciamos se deba solo a su inacción".
Don Miguel Angel no solo acogió esas ideas y firmó el documento, sino que posteriormente las reiteró en diversas ocasiones durante su campaña porque es notoria su preocupación por la seguridad ciudadana, la defensa de la niñez y la juventud, y los mejores valores humanos y sociales, según lo ha demostrado en múltiples ocasiones.
A raíz de esa carta, don José María Figueres ordenó que se preparase el reglamento que hacía falta, lo que fue apoyado activamente por sus sucesivos ministros de Justicia, Maureen Clarke y Juan Diego Castro y Fabián Volio. Tal reglamento, objeto de detenidos estudios y de consultas con los sectores interesados, fue aprobado y promulgado en los últimos días del gobierno anterior, y con gran cuidado jurídico recoge los principios legales atinentes desarrollándolos con gran acierto.
De esta manera, se completó un cuerpo de normas necesario para la contención de la violencia y la defensa de la niñez y la juventud, sin que por eso se impida el derecho de los adultos al material propio de su madurez, ni mucho menos se lesione la libertad de expresión, que nada tiene que ver en este aspecto con la libertad de comercio. Y con ello Costa Rica se hizo eco de una reacción que se produce en todo el mundo, ante los devastadores efectos de la violencia rampante en los espectáculos públicos más populares. Como lo dijo recientemente la revista Time con ocasión de los terribles sucesos en la escuela de Jonesboro, Arkansas, ya esa causalidad "no se discute" porque es un hecho probado. Repetidas evidencias de todo tipo de estudios científicos así lo demuestran.
Por todo ello, resulta insólito que en contra de la ley que juró cumplir apenas unas horas antes, de la seguridad ciudadana e intereses de la niñez y juventud, y del pensamiento expreso del Presidente que la nombró, la nueva ministra de Justicia, Mónica Nagel, haya arremetido contra dicho reglamento y contra la Oficina de Censura, a la que desarticuló totalmente como su primer acto de administración. Como razones confiesa que opta por el acuerdo con las empresas del espectáculo --o sea la autocensura porque tienen que estar de acuerdo--, lo que implica una rebelión contra el mandato del legislador, y la imposición de su personal criterio contra la voluntad y los intereses de la sociedad. Aviados estamos: doña Mónica ha decretado --a espaldas de su Presidente-- que debe seguir la carnicería y la promoción de la violencia, y que la libertad de comercio priva sobre la seguridad ciudadana y los intereses de la niñez y la juventud. Para ello le basta, aunque deje intacto el reglamento, con desarticular la Oficina de Censura como lo ha hecho, o con poner ahí a gente complaciente porque la pieza clave de toda legislación es el factor humano que la haga cumplir. Bien sabemos que el desacato de las leyes es el primer factor de corrupción que deslegitima en la actualidad al estamento político. El asunto es muy grave y deben intervenir tanto el señor Presidente, como la Defensoría de los Habitantes porque están de por medio intereses vitales de la niñez y la sociedad. Y si doña Mónica no está de acuerdo con la Ley de Espectáculos Públicos y sus principios, debe renunciar a su ministerio porque no puede jurar cumplir aquello en lo que no cree.