El Consejo Nacional de Concesiones, para resolver el problema de sobrepoblación carcelaria, resolvió el 8 de enero adjudicar mediante concesión de obra pública la construcción y operación de una cárcel en Pococí al consorcio MTC. Esto, pienso, acarrea serias dificultades jurídicas, éticas y sociológicas.
En lo jurídico, considero inconstitucional conceder la ejecución de la pena de prisión a un ente privado porque es trasladarle una función de un estado constitucional de derecho: el ejercicio del poder punitivo (ius puniendi); además, es un deber estatal contenido en la Constitución, por lo que trasladarlo a manos privadas sería contrariar la norma fundamental.
Resulta inmoral, en lo ético, lucrarse con uno de los peores martirios que han sufrido los seres humanos; la prisión podría incluso ser más angustiante e infrahumana de lo que ya es porque, al ser un negocio, cuyo fin es obtener utilidades, resulta inimaginable que la empresa carcelaria incurra en gastos que hagan oneroso el interés por el que se contrató, sino todo lo contrario.
En lo sociológico, como apunta el criminólogo noruego Nils Christie en su libro La industria del control del delito , está demostrado en otras sociedades que cuanto más llenas las prisiones, más lucrativo el negocio, por lo que los interesados en los beneficios económicos se constituyen en promotores de la delincuencia, hasta la financian, para que siempre se mantengan llenos los centros penitenciarios que administran.
En síntesis, si hoy una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía es la inseguridad, hay que valorar con mucho mayor seriedad la conveniencia o no conveniencia de privatizar las cárceles ya que, como ha sucedido en otros países, puede elevar los índices de criminalidad social y que "la medicina" resulte más dañina de lo que podemos imaginar.