Don Rubén Hernández desacreditó aquí el pronunciamiento jurídico de la UCR sobre el TLC, atribuyéndole que se dictó por “prejuicios ideológicos” contra Estados Unidos, que “sus razones son endebles y carentes de profundidad”, y que ya había sido ampliamente refutado por los funcionarios del Comex. Se funda, en cuanto a lo primero, en que tratados anteriores con otros países que, afirma son “una copia al carbón” de este TLC, no fueron criticados, lo que revela el sesgo ideológico.
Sin fundamento. Tan falsa es la afirmación de don Rubén que necesita fundarse en la contradicción de que la institucionalidad norteamericana va contra sí misma. Solo así quienes la defendemos –pues es una de las grandezas de ese país– y nos apoyamos en ella para objetar el TLC, podríamos ser contrarios a EE. UU. Son don Rubén y el Gobierno de la República quienes la atacan –lo mismo que Hugo Chávez– al pretender lo contrario. O sea que los prejuiciados contra EE. UU. son ellos y no nosotros. Dios los cría y el diablo los junta.
Por tanto, ellos en mala compañía y nosotros en la buena de a) los principios constitucionales de los Estados Unidos, declarados por la Corte Suprema de esa gran nación en su doctrina sobre los “substantive rights”, que permiten una amplitud mucho mayor al interés público en restricciones legítimas a la propiedad, de la que establece el TLC; y que igualmente impiden que los inversionistas extranjeros tengan privilegios mayores que los locales, según lo pretende el TLC ; b ) de la sección 2102 de la Trade Promotion and Au- thority Act 2002 ( HR 3009 )” o ley del “fast track” que impedía a los negociadores norteamericanos exigir lo que lograron, y que el pronunciamiento de la UCR critica; c) de la ley de aprobación del TLC o Implementation Act HR 3045, que, ante esa masiva violación, y para impedir que dichas normas prohibidas entrasen a los Estados Unidos, en su sección 102, ordenó que nadie, salvo los propios Estados Unidos, podía alegar derecho alguno con base en el Tratado; d) de la mayoría del Congreso de Estados Unidos que por eso exige renegociar los TLC para que se ajusten a las reglas citadas de la Ley del “fast track”, lo que en parte se realizó la semana pasada, con reformas a 6 capítulos del TLC con Colombia; e) de Israel, Jordania, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Australia y Singapur, que no aceptaron tales cláusulas en sus TLC con EE. UU.; f ) de los países del Cono Sur que objetaron lo mismo en el ALCA; g) de las objeciones contra el Acuerdo Mundial de Inversiones hechas por Francia y otros países europeos, por las reglas aquí objetadas del arbitraje inversionista-Estado. ¿Son todos ellos antinorteamericanos e ignorantes?
Lo contrario. Don Rubén lo sabía, por lo que nunca se presentó a debatir sobre el dictamen de la UCR en los diversos foros que lo invitaron, ni tampoco se presentó a un debate en el Colegio de Abogados sobre el referéndum. Esto último quizás porque en su libro El Régimen Jurídico de los Derechos Fundamentales en Costa Rica (pág. 343 en adelante), dice lo contrario de lo que ahora afirma sobre la imparcialidad de las autoridades públicas.
Finalmente, no es cierto que tratados anteriores digan lo mismo. Ya me referí ampliamente a eso en mi contestación a don Alan Thompson “Discriminación y privilegios”, publicada aquí el 15 de mayo, a la que me remito. Es más, el propio don Rubén confesó en su artículo conjunto “Más sobre el TLC”, publicado aquí el 15 de enero pasado, que a los inversionistas extranjeros había que permitirles que se rigieran en Costa Rica por otras leyes ya que “desconocían” las nuestras.