El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha calculado que, para erradicar la pobreza en Latinoamérica, es necesaria una inversión anual sostenida, pero pertinente, igual al 1,2 por ciento del PIB de cada país.
Costa Rica recauda al año con ese objeto el equivalente al 2,4 por ciento del PIB, o sea, el doble de lo necesario según ese cálculo. Esa suma se compone principalmente del impuesto del 5 por ciento que grava los salarios, creado para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), y que en su forma original se creó en 1974.
Sin embargo, la pobreza en los últimos años, en vez de bajar, se estacionó o mostró variaciones mínimas, y el último año aumentó unas décimas de punto. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no se puede eliminar esa lacra social si existen recursos holgados para eliminar las condiciones que mantienen a tantos costarricenses en situación inhumana, en el país que tanto se jacta del respeto a los derechos humanos?
Fallas políticas. De nuevo la respuesta apunta a una falla política, muy grave en este caso, por sus transcendentales repercusiones sociales. Igual que lo he demostrado en otros casos (licitaciones, obras públicas e infraestructura, aduanas, descentralización y eficiencia, abusos de los funcionarios), lo que falla es la organización y la conducción políticas, y es falso que la causa sea la ausencia de recursos materiales, como sus responsables cansinamente lo repiten.
Al grueso chorro de fondos de Fodesaf apuntan toda clase de depredadores porque los pobres no tienen quienes los defiendan. Como en pila de agua bendita, primero meten la mano para financiarse toda clase de programas, sociales y no sociales, solo indirectamente vinculados algunos a la eliminación de la pobreza, y que podrían financiarse de otro modo, y no parasitando estos fondos específicos. Segundo, el margen de intermediación burocrática es altísimo, y en administración y consultorías se gastan en todos los casos sumas injustificables, que benefician con empleos y subsidios –innecesarios– a las clases medias y profesionales, no a las pobres, cuyos recursos se desvían. Finalmente, mediante el asalto y el fraude puros y simples, de los que tantos ejemplos han salido a la luz pública, y que es de suponer que constituyen solo la punta de un iceberg delictivo, que está sumergido y que los “políticos” no quieren que salga.
De un plumazo.Si se pudiera realizar la idea original de don José Figueres, visionario propulsor de Asignaciones Familiares, de hacer llegar estos fondos directamente a sus beneficiarios –lo que es posible y nada difícil– se podría eliminar de un plumazo la pobreza extrema en Costa Rica. Ese porcentaje de la población, casi un 20 por ciento del total: unas 800.000 personas, que forman unas 180.000 familias. Tal como dijo desde estas columnas Leonardo Garnier, los ¢186.000 millones anuales de Fodesaf alcanzarían para dar ¢1 millón anual a cada una de esas familias, lo que las sacaría automáticamente de la pobreza.
Pero, con el poder tomado por asalto en los partidos, incluso en algunos emergentes, por las maquinarias que por el solo hecho de serlo ya se creen capacitadas para gobernar, no se puede lograr tan sencilla y trascendental medida, con la que Costa Rica alcanzaría un logro de carácter internacional. El poder se ha convertido también en una pila de agua bendita, de la que todos quieren disponer, y no simplemente controlar, como en la teoría correcta de la democracia. La clase de personas que hicieron avanzar al país en el pasado permanecen fuera del poder y marginadas en todos los partidos, en tanto que las ranas, como en la fábula de Esopo, claman ciegamente a las apariencias por un rey. Y, al igual que en la fábula, solo decepciones reciben porque otra cosa no es posible.