Hago esta afirmación para provocar, tanto al mundo académico que parece haber perdido toda capacidad de reacción, como a los políticos que pretenden asumir la rectoría del sector social en la próxima administración y todavía no se han preguntado como van a cumplir con las promesas de campaña.
Efectivamente estoy convencido, por las experiencias de campo desarrolladas durante los últimos tres años, que la pobreza extrema puede reducirse a menos de la mitad en dos años con los recursos asignados por ley. La pobreza en general también lo puede ser de manera sustancial, con pocos recursos adicionales, si se reorganiza, como veremos más adelante, la gestión de la política social.
La pobreza extrema esta compuesta en lo fundamental por familias en cuya integración encontramos ancianos mayores de 65 años; discapacitados y jefas de hogar. A veces los tres sectores aparecen en el seno de una misma familia y requieren de transferencias públicas para poder salir adelante. Tanto los primeros como los segundos tienen derecho por ley a una pensión no contributiva y para las últimas y sus hijos existen una serie de programas institucionales. Solo que tanto a los ancianos como los discapacitados, especialmente si son de zonas rurales, estas pensiones no llegan o lo hacen con cuentagotas.
Los impuestos que se cobran para que disfruten de la pensión son desviados por Hacienda para pagar intereses a los prestamistas; así mismo el feudalismo institucional y la falta de autoridad de los regionales terminan de complicar el panorama. Por una parte, si bien el IMAS, que es la institución encargada de resolver los problemas de la pobreza extrema, califica a los minifundistas ancianos como pobres, la CCSS no los acepta si sus propiedades tienen más de 500 metros (sic). Así es que, si un anciano de zona rural, calificado como pobre por las profesionales del IMAS, logra llenar los múltiples documentos que le pide la CCSS para darle trámite a su pensión, finalmente termina desechado por la CCSS por estar arañando su solar para sacarle un par de mazorcas de maíz para poder paliar su hambre. A su vez, las pensiones de los discapacitados se evaporan entre los recortes presupuestarios y la frondosa tramitología institucional.
Los programas para las jefas de hogar y los escolares, cuando tienen recursos, no se coordinan ni se evalúa su impacto. La gestión institucional, si bien formalmente se dirige a los cantones y distritos más pobres, no tiene dirección ni controles en terreno, de forma que una parte se desvía a sectores no pobres al mismo tiempo que deja por fuera grupos de pobres, incluyendo de pobreza extrema (sic).
En cuanto a la pobreza que no es extrema, la composición es más compleja, pero dentro de este grupo y el de aquellos a los que les falta poco para caer en la pobreza existen amplios sectores que pueden salir adelante desarrollando sus conocimientos y capacidades. Aquí si se requieren algunos recursos frescos. En primer lugar, permitirle al INA utilizar sus recursos y no exigirle superávit con fines fiscales. Como el INA prioriza a los bachilleres y las solicitudes de capacitación de las empresas, una amplia masa de jóvenes que no han concluido el bachillerato no es objeto de atención institucional. Así se cierra el círculo vicioso y se condena a la marginación a un importante grupo que la Universidad para el Trabajo, creada por el INA para atender este creciente segmento de población, no ha podido cubrir principalmente por los recortes presupuestarios, pero también porque todavía no ha logrado configurar procesos de capacitación ajustados a las necesidades regionales, y no solo materias o contenidos estándar de alfabetización y formación empresarial.
Condiciones básicas. Por otra parte, la deserción en la educación secundaria, generadora de pobreza actual y futura requiere una respuesta inteligente e innovadora que atraiga y mantenga a los jóvenes en sus aulas y esto exige recursos frescos, acompañados de una evaluación de impacto fija.
Los resultados de experiencias distritales y locales, donde se puede apreciar la pobreza en lo concreto, con nombres y apellidos sugieren que la pobreza extrema, que depende en lo fundamental de transferencias públicas, puede ser reducida a menos de la mitad en no más de dos años si se dan las siguientes condiciones:
1) No se recortan los fondos de impuestos cobrados a la ciudadanía para combatir la pobreza.
2) Se evalúan los programas y la reasignación de recursos se hará por resultados o impacto como lo ordena la Constitución.
3) Se mide anualmente, la situación y características de la pobreza en cada distrito y comunidad de tal manera que se tenga un panorama que oriente la acción pública. Esto se puede lograr ampliando la actual ficha de los EBAIS, con 10 preguntas de la "ficha de información social" del IMAS. Esta información estará disponible en Internet para toda la ciudadanía.
4) Se integran bajo un solo mando los recursos humanos y materiales y se dota de autoridad operativa y administrativa a los Consejos de Desarrollo Regional en la aplicación de los programas interinstitucionales de lucha contra la pobreza.
5) Los Consejos de Desarrollo Regional deberán rendir cuentas anualmente del presupuesto gastado y los logros o fracasos a los delegados de las organizaciones empresariales, cooperativas, comunales y laborales.
6) El proyecto de presupuesto regional del año siguiente a cada rendición de cuentas deberá ser sometido a consulta de los delegados de dichas organizaciones.
En otras palabras, para reducir sustancialmente la pobreza se requiere decisión política, regionalizándola, haciéndola transparente y creando condiciones para la creación y control de las organizaciones ciudadanas de cada distrito. También se requiere de capacidad técnica y metodológica para, en vez de generar pasividad y dependencia, estimular el potencial y capacitación de la gente. Esto último es también fundamental para el éxito, pero si existe decisión política y una evaluación transparente, las metodologías efectivas se irán imponiendo por sus resultados.
