Mediante leyes fraudulentas se han creado pensionados que reciben sumas de millones por mes, sin relación con la naturaleza de las pensiones –sostén decoroso, y no asalto al fisco–, las sumas cotizadas –mínimas– y la imposible sostenibilidad del sistema. Para eso se han tomado como base los últimos servicios en puestos ocasionales o políticos, u otros pretextos, y, con la etiqueta de “pensiones”, creado mecanismos de peculado legalizado, que es en lo que verdaderamente consisten tales “pensiones de lujo”.
Dichas leyes fraudulentas son inconstitucionales porque evidentemente quebrantan los principios de justicia, razonabilidad, proporcionalidad y adecuación entre fines y medios, que la Sala Constitucional reiteradamente ha declarado que son la medida de la constitucionalidad de las leyes. En tanto que inconstitucionales, son absolutamente nulas, y su declaratoria como tales surtiría efectos desde su origen porque, por la evidencia del asunto, no se podría alegar buena fe, caso en que excepcionalmente se permite reservar tales efectos para el futuro, a partir de la declaratoria.
Corte de raíz. De modo que, más que gravarlas, tales pensiones se deben eliminar mediante la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes que les dan sustento. Porque el principal problema que crean no es tanto lo que cuestan –sin perjuicio de que sea mucho–, sino lo que deslegitiman la acción cobratoria de impuestos por el Estado y la evasión que provocan.
Porque nadie en su sano juicio va a querer pagar impuestos si ve que, por carretadas, otros se los llevan ilegítimamente. Este aspecto de los obstáculos psicológicos –y en su caso, los estímulos– a la tributación, pese a ser tan elementales, los expertos, que tantos detalles saben, no saben lo importante que deben saber, no les prestan atención, pese a ser fundamentales. Porque los “sujetos pasivos de los tributos”, o sea los ciudadanos que los pagan, son seres humanos racionales y con sentido de justicia e instinto de conservación, que pagarían impuestos o al menos no presentarían resistencia a pagarlos, si ven que se aprovechan en obras o servicios que valen lo que se paga por ellos. Pero, si ven que se dilapidan, se toman fraudulentamente, o caen en huecos negros de ineficiencia y de derroche, lo único razonable que cabe esperar es una actitud generalizada de reticencia y evasión.
Saqueo maquillado. Aparte de que resulta patente la fraudulencia de estas leyes, es particularmente irritante –y con ello se incrementa el perjuicio– que se utilice el nombre de “pensiones” para maquillar estos saqueos, cuando, a quienes verdaderamente las necesitan, tienen derecho o las merecen, se les entregan míseras cantidades: a ancianos desamparados, a impedidos de solemnidad o a quienes, como los premios Magón, dieron toda una vida de valiosos servicios culturales al país. Véase, en cuanto a esto último, la denuncia pública de un creador tan valioso como Luis Ferrero, quien, en su ancianidad y siempre escribiendo valiosos libros, debe subsistir con los ¢60.000 mensuales de aquel premio. Mucho menos de un tercio de lo que le cuesta al Estado mantener un reo en las prisiones. ¿Qué esperan, entonces, los señores diputados? Hagan valer, en actos legislativos pertinentes, toda la florida retórica sobre justicia y solidaridad que desperdician en los recintos parlamentarios.