Opinión

No me defiendas, compadre

Usan gran cantidad de venenos cerca de fuentes de agua de Alajuela y Poás


      
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La Cámara de Agricultura promovió y logró, como parte de la comisión “asesora” de la comisión legislativa que prepara el desafortunado “Proyecto Hídrico” que –según lo he explicado en artículos anteriores– es una amenaza grave para la vida y salud de los costarricenses, que sus asociados no se tengan que retirar precautoriamente como ahora, cuando menos 300 metros en ladera y 200 en plano, de las fuentes de agua captadas para abasto público, sino solo a 100 metros por parejo, con múltiples portillos para que hasta eso quede en nada.

Creyó con eso favorecerlos. Por el contrario, los pone a las puertas de la cárcel y además de que les cierren a sus productos la entrada al mercado de la Unión Europea, el segundo mayor del mundo. Nada menos.

Venenos y gente. Lo primero, porque el artículo 261 del Código Penal sanciona al que contaminare las aguas de un abasto público con sustancias peligrosas, con pena de cárcel hasta de 10 años si crea un peligro grave para la salud, y hasta de 18 años si produce muertes. Son sustancias peligrosas por naturaleza los potentes venenos o biocidas que se utilizan para combatir las plagas que afectan los cultivos, de modo que la contaminación del agua con ellos sería obviamente peligrosa. En el caso de las fuentes captadas para ese propósito, la zona inmediata antes de emerger en la naciente es particularmente sensible por la cercanía del nivel al agua subterránea, dado que los terrenos son porosos y que lo que se lanza arriba pronto va a parar al agua, y con ella al organismo de los seres humanos que la ingieren. Además de que, la manipulación en las cercanías de la fuente de esos venenos y los lanzados al follaje es otro peligro cierto, porque la escorrentía superficial los recoge y puede trasladarlos al agua captada. Así ocurrió con ese agricultor de Tarrazú actualmente en fuga, al que el más alto tribunal penal del país le confirmó la condena a cinco años de prisión por violación de la referida norma que protege la salud pública.

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