En su más reciente artículo en Página 15 , don Johnny Meoño atribuye a "los costarricenses" empeñarse en hacer las cosas mal por heredad histórica en vez de seguir los principios de la Ley general de la administración pública .
Aunque concuerdo con él en que la Ley no se cumple, no pienso que la responsabilidad por el mal manejo de la administración pública sea de "los costarricenses" debido a algún hechizo histórico. Entre los costarricenses están los mejores productores de café del mundo; los principales comercializadores de tubérculos en el Caribe, a pesar de tener costos sociales más elevados que otros países de la región; empresas cooperativas como Coopesa y Dos Pinos, que venden servicios y productos compitiendo con éxito en el exterior; empresarios privados muy eficientes y competitivos en el campo de las nuevas tecnologías, etc.
Quienes han venido fallando no son estos costarricenses ejemplares, sino la clase política ligada al empresariado rentista que vive de hacer negocios a la sombra del Estado y un sector importante de la intelectualidad que ha preferido acomodarse a las "consultorías y asesorías" oficiales que ser consecuentes con sus entendederas y los intereses del país. Es decir, un pequeño sector privilegiado, que ha tenido y mantiene la responsabilidad de la administración del Estado y ha ido adecuando los procedimientos a sus intereses, en detrimento de los intereses generales.
Disposición no acatada. No se trata, como bien señala don Johnny, de carencia de leyes; yo añadiría que tampoco es en lo fundamental un problema constitucional. El inciso segundo del artículo 11 dice: "La Administración Pública, en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas". Este es un buen ejemplo de una sana disposición constitucional que no ha sido acatada en su quehacer por la Asamblea Legislativa, que se contenta con la normativa establecida aplicada por la Contraloría. Normas que no alcanzan más que para atrapar rateros y alguno que otro ladrón secundario, entrabando la gestión pública y dejando de lado la eficacia y eficiencia del sistema, mientras permanecen en la impunidad los grandes robos y peculados.
El problema de nuestro Estado, como en el caso de los malos matrimonios, no está, en lo fundamental, en la "racionalidad sustantiva" del compromiso constitucional o nupcial, sino en su modus operandi o forma de ejecución, que se ha transformado en la negación de este compromiso para adaptarse a un supuesto implícito en la práctica diaria que podría resumirse como: "El Estado es el botín del partido vencedor", que constituye la negación del carácter republicano y ciudadano de la constitución. ¿Cómo cambiar este estado de cosas e involucrar a la ciudadanía en la transformación que requiere el país? Pienso que existe un punto de apalancamiento que puede propiciar los cambios en cadena: la evaluación de impacto de todos o la mayor parte de los programas públicos accesible a la opinión pública y supervisada por la Contraloría.
Auditoría ciudadana. Solo una información actualizada y confiable sobre los resultados del gasto público puede motivar a la ciudadanía y la prensa para ejercer una efectiva auditoría. La Ley 8131 puede ayudar, pero sin auditoria ciudadana se le aplicará, como se aplica a otras leyes sanas el mismo principio colonial de "se acata, pero no se cumple". Solo con una opinión pública informada por una prensa realmente libre, sin temor a ser enjuiciada, que exija el cumplimiento de las leyes y las funciones en la administración pública, los jerarcas se moverán y solicitaran los cambios reglamentarios y legales necesarios para hacer bien su trabajo. Mientras tanto estos permanecerán bien parapetados tras la maraña de normas y reglamentos que han construido para ejercer el derecho al botín, burlándose de quienes pretenden evitar los abusos controlando el gasto en galletas o proponiendo nuevas leyes.