¿Puede la comunidad organizada contribuir a reducir e incluso eliminar la pobreza extrema con los mismos recursos institucionales? La respuesta que dan las experiencias internacionales y locales, es que sí es posible, en la medida en que las comunidades organizadas tomen parte en la ubicación del problema y en la toma de decisiones.
En nuestro país, la experiencia del “Hospital sin Paredes”, ubicado en San Ramón, demostró, en la década de los setenta, que fue posible, gracias a la participación de las comunidades organizadas en coordinación con los médicos del Hospital, reducir en picada la mortalidad materno-infantil y mejorar las condiciones de vida y de salud en la región.
En Nosara se realizó, en el 2004, por parte del IMAS, un censo que demostraba que con los recursos del sector social era posible reducir casi a cero la pobreza extrema en ese distrito si se focalizaban los recursos con autonomía operativa y control y supervisión de la sociedad civil.
Lamentablemente, la regionalización era de nombre y la sociedad civil muy débil. Habiendo conocido esta experiencia en un seminario patrocinado por la Escuela de Planificación de la UNA en 2006 en Laurel, las cooperativas Coopetrabasur, Coopeagropal, Coopeplataneros y Coopesersur, tomaron la iniciativa para realizar un censo de necesidades sociales en 30 comunidades del distrito de Laurel en el cantón de Corredores.
Tenían como propósito conocer por “barrido” las necesidades reales y no limitarse a la información que las instituciones manifestaban haber recogido en el “mostrador” y estar en proceso de resolución, hecho que no coincidía con el descontento de muchos vecinos que manifestaban no obtener respuesta a sus demandas.
Una vez procesado el censo, con el apoyo de la Escuela de Estadística de la UCR, los resultados fueron entregados durante el 2008, con la colaboración de la UNA, a las organizaciones comunales y religiosas locales, con información sobre los programas institucionales que podrían solventar las necesidades encontradas.
Una vez conocidos y ajustados, en algunos casos, por parte de las comunidades, a finales del 2008, se entregó la solicitud para resolver los problemas sociales encontrados al IMAS, Fonabe, a la División de Pensiones de la CCSS y al Mivah.
Este año, la UNA asignó a la profesora Adriana Sánchez, quien venía dándole seguimiento a la experiencia desde 2008, el monitoreo de la respuesta institucional a la gestión de las comunidades.
Rica experiencia. Hasta el momento, la experiencia ha sido muy rica, el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) se trasladó a la zona y, guiándose por la información del censo, ubicó varios centenares de estudiantes necesitados de beca. En las próximas semanas, tendrá los resultados de su trabajo. Otras instituciones han tenido reacciones menos ágiles, pero incluso las más lentas han dado algunas señales de vida.
Como parte del proceso de investigación, el Consejo Nacional de Cooperativas y la Universidad Nacional han convocado, en la Sede Coto de la UNA, a las instituciones y comunidades, a un primer intercambio de opiniones sobre la experiencia. Se busca conocer la opinión de las instituciones y de las comunidades sobre las dificultades operativas o de otra índole que han encontrado para resolver los problemas, las ventajas y desventajas de la experiencia, así como los ajustes que deben realizarse para lograr resultados efectivos en la eliminación y reproducción de la pobreza extrema.
Se trata de una actividad sobre búsqueda de soluciones organizacionales y operativas, que si bien en algunos casos trascienden las posibilidades locales, dadas las estructuras centralizadas de las instituciones y la falta de coordinación regional, tiene la ventaja inmediata de poner en contacto directo a las organizaciones locales con las instituciones responsables y establecer canales de comunicación.
Sin embargo, lo más importante es que de este encuentro y del análisis de los resultados de esta experiencia de fiscalización de la política social por parte del movimiento cooperativo y la sociedad civil, son las recomendaciones de ajuste de la acción institucional que pueden contribuir a eliminar la pobreza extrema en esa y otras regiones deprimidas del país.
Se trata de una experiencia de cambio en la operación institucional, que puede aportar resultados prometedores en la reducción de la pobreza, tanto en la región sur como en todo el país.