La Constitución se convierte en letra muerta cuando se acomoda a las conveniencias de cada uno, y se desconoce la autoridad superior de la Sala Constitucional. Pese a que la Constitución prohíbe la huelga en los servicios públicos, el espectáculo de los empleados judiciales en paro como medida de fuerza, y amenazando con hacerlo permanente si no se accede a sus peticiones, es la revolución chavista desde el baluarte mismo del derecho, la quinta columna que desde dentro destruye la fortaleza.
Esto ha sido preparado y propiciado intelectualmente por la jurisprudencia laboral, que, en una serie de fallos y con una distorsión total del sistema, ha colocado lo laboral como el valor supremo, al que, supuestamente, deben subordinarse todos los demás.
Primero, al aceptar la Sala Segunda las convenciones colectivas en contra del orden público y, después, al concederles a los pilotos que participaron en una huelga en el servicio público de transporte aéreo indemnizaciones de centenares de millones de colones, a cada uno, por supuesta violación a su debido proceso, pese a que la Sala Constitucional les había dicho todo lo contrario.