La reelección de Carlo Díaz como fiscal general de la República, con el voto unánime de 21 magistrados presentes en Corte Plena, constituye una señal importante para nuestra institucionalidad. En momentos de tensiones entre poderes y de cuestionamientos al Poder Judicial, la Corte ha sabido deliberar y expresar, sin divisiones, su confianza en quien tiene a cargo la dirección del Ministerio Público.
La decisión no estuvo exenta de observaciones sobre la gestión del Ministerio Público. Es natural que así sea. Las instituciones deben someterse al escrutinio y responder por sus resultados. Lo significativo es que, después de ese examen, la Corte Plena respaldara una gestión que ha mostrado firmeza y valentía ante importantes desafíos institucionales. Esa unanimidad honra, pero sobre todo compromete.
En su mensaje posterior a la juramentación, Carlo Díaz reiteró su compromiso con la persecución penal de la delincuencia común, el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción, con estricto apego a la Constitución y a la ley. Ese compromiso presupone una gestión firme, objetiva y prudente, sin distinciones por la condición o posición de las personas investigadas.
Hay una tarea impostergable: proteger al Poder Judicial frente a cualquier intento de infiltración criminal o corrupción, profundizando los esfuerzos que con especial énfasis vienen desarrollando el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Ante indicios serios que involucren a funcionarios judiciales, deben investigarse los hechos con prontitud, preservarse las pruebas y activarse los procedimientos correspondientes. Cuando la ley lo permita, las autoridades competentes deben valorar sin demora medidas preventivas respecto de funciones sensibles y resolver oportunamente los recursos. No se fortalece la justicia tolerando aquello que puede destruirla desde dentro.
El Ministerio Público debe redoblar ese esfuerzo desde sus competencias. Las descalificaciones públicas y restricciones presupuestarias del Poder Judicial hacen más valiosa la determinación de quienes, como el fiscal general, cumplen su deber. La confrontación entre poderes debilita las instituciones y puede favorecer al crimen organizado y a la corrupción. Las diferencias son propias de una democracia; convertirlas en una lucha constante no le sirve al país.
La autoridad que se confía al funcionario público no le pertenece; se ejerce para servir a la ciudadanía y responder por sus resultados. Los 21 votos recibidos representan una confianza que debe corresponderse con investigaciones oportunas, atención a las víctimas y rendición de cuentas. También exigen identificar a tiempo las denuncias sin sustento penal que pretendan instrumentalizar al Ministerio Público para dirimir disputas políticas o perjudicar a adversarios.
Siempre he sostenido que al Poder Judicial no se le puede tocar la cara. No porque sea intocable, ni porque sus decisiones no puedan criticarse. Hay mucho que corregir, y hacerlo es urgente. Pero erosionar la confianza en la justicia termina afectando a quienes acuden a ella en busca de protección frente a los abusos y la arbitrariedad.
Cuidar al Poder Judicial no significa encubrir sus males. Significa enfrentarlos con decisión y fortalecer una justicia independiente, capaz de combatir el crimen organizado y la corrupción y devolver esperanza y confianza a la ciudadanía.
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Daniel Soley Gutiérrez es abogado.
