Tomó mucho tiempo y sufrimiento en el siglo XIX entender que el trabajo no era una simple mercancía, y que no podía quedar sujeto solo a las leyes del mercado ya que era más que un valor de cambio. Algunos, como el papa en los países católicos, a nombre de los otros valores involucrados; otros, por el visionario interés capitalista en consumidores para poder crecer, defendieron los derechos mínimos y las conquistas sociales que ahora nadie discute. Algo similar está pasando actualmente con ciertos productos básicos, que, por su elevado componente de trabajo y de valor social para los países en desarrollo, los amparan razones similares y no pueden quedar sujetos solo al mercado, lo que es parte de la lucha ideológica entre Davos y Porto Alegre.
Quienes defienden la apertura indiscriminada para los productos agrícolas, o la ley de la selva generalizada en el mercado internacional, padecen de un anacronismo que las mismas políticas que defienden superan –no siempre con razón– cuando se trata de lo propio. Así, los Estados Unidos imponen gravámenes a la importación del acero, o a la madera del Canadá, para defender a sus productores , o subvencionan a sus agricultores para hacer luego “dumping” internacional con el arroz o el trigo. O la Unión Europea, que discrimina el banano latinoamericano, o en la misma forma hace “dumping” con el azúcar que pagó a precio de oro a los productores europeos de remolacha.
Valor social. El café es un producto al que plenamente se aplica la necesidad de regulación, en razón de los valores humanos, sociales y políticos, envueltos en su producción. A los precios ruinosos actuales, en beneficio, no de los consumidores, como se verá, para quienes de todas maneras supondría un valor insignificante, sino de los oligopolios distribuidores en los países consumidores, hay muertes por hambre en Matagalpa o en otros lugares en condiciones extremas, o depresión y agravamiento de las condiciones rurales en Costa Rica y en toda la América Latina del café. Esto debiera preocupar a los Estados Unidos, que, por otra parte, promueven el TLC y el ALCA, contradictoriamente y en parte para evitar la invasión de su territorio por los pobres latinoamericanos, y la “cocalización” del agro suramericano