La criptonita es un mineral que le hace perder sus poderes extraordinarios y hace vulnerable al famoso Superman. Pues algo similar parece afectar cada vez más a los costarri- censes, especialmente en el manejo de la administración pública, solo que no se trata de un mineral, sino de una desviación adictiva muy costarricense: el reglamentismo, que nos lleva a enfrascarnos en discusiones sobre los requisitos y procedimientos para hacer las cosas dejando de lado las soluciones.
Eso da como resultado que nada o casi nada se puede hacer. Los delincuentes reincidentes andan libres por errores de procedimiento supuestos o reales; a los ancianos pobres, calificados como tales por el SIPO del IMAS, la CCSS –una institución de salud– les pide ocho papeles, que tienen que gestionar en diversas instituciones, para la pensión no contributiva. Las carreteras vitales, como la que va a Caldera o la Costanera, tienen más de dos décadas sin poder concluirse, enredadas en mil trámites, mientras colapsa la red vial y crece el número de accidentes, etc.
Parapeto para las mafias. Se trata de una especie de ceguera que impide la percepción de los sistemas sociales. Se percibe al derecho y, en especial, a las normas reguladoras como elementos desagregados del todo, que se trans- forman en un fin en sí, y no como un medio para facilitar el desarrollo de la vida social e institucional. Esta visión ha tomado auge y se ha convertido en verdadera epidemia, con una maraña de normas que paralizan el sistema. Normas, dicho sea, que frecuentemente sirven de parapeto a la acción de las mafias empotradas en el sistema.
El asunto es que, aun existiendo recursos, no se da respuesta a las necesidades porque los medios se han transformado en fines. Por eso cuando vamos a resolver problemas, siempre hay requisitos, certificaciones y papeles que hay que presentar, partiendo del supuesto implícito que todo ciudadano es un defraudador. Pero lo más gracioso, si es que algo así puede tener gracia, es que muchas de estas normas y requisitos, como llegar a pedir cita en la madrugada a la clínica, se puede hacer desde hace varias décadas por teléfono y desde hace más de 10 años por Internet. Bien se puede eliminar la exigencia de presentar la orden patronal al día, cuando con el número de cédula y un buen sistema el funcionario podría comprobar en su computador el estado de la cuenta.
Exigencia de la sociedad. Esta enfermedad no se limita a la CCSS; está presente en todas las instituciones y se expande con celeridad e intensidad, de tal forma que cada vez se gasta más tiempo en costosos y desalentadores trámites que en la solución de los problemas. El antídoto se encuentra en la visión de estadista, en la subordinación de las normas y reglamentos a los principios constitucionales, en el establecimiento controles cruzados efectivos entre poderes, que exijan la obligación constitucional de evaluación de impactos y resultados, así como en un control ciudadano directo sobre los jerarcas que incluya la revocatoria del cargo. Pero esto requiere que la Asamblea Legislativa cumpla con su función de legislar y no se hará mientras la sociedad civil organizada no lo exija.
A este problema deben poner especial atención los sindicatos públicos, ya que de la eficiencia del sector depende su futuro, y para el ciudadano corriente los responsables son los funcionarios que lo atienden en la ventanilla, y no los jerarcas que no saben o no están interesados en gobernar para la patria. El movimiento cooperativo, las cámaras patronales, el movimiento sindical en general y el movimiento estudiantil deben también contribuir a colocar este problema sobre el tapete, ya que todos vamos en el mismo barco y el frío no está en la cobijas.