La respuesta fácil está en descargar todas las culpas sobre la cultura local y de rebote sobre los habitantes. La cultura tiene, desde luego, su ámbito de influencia y peso propio, pero no es algo predeterminado, es producto del sistema social e institucional al cual contribuye a consolidar. En ese sistema debemos buscar las causas de que la corrupción, en ciertas condiciones, se masifica e incorpora como parte operativa del sistema cotidiano.
Este fenómeno se define por dos factores interrelacionados: 1) La carencia de una visión de futuro compartida estimula la salida individual o el "sálvese quien pueda". 2) La falta de mecanismos efectivos de control ciudadano sobre los jerarcas y los resultados de su gestión en el aparato público.
En nuestra historia encontramos momentos donde grandes proyectos nacionales, como el liberal consolidado con la construcción del ferrocarril en el siglo XIX o el de la segunda república en los cincuentas, han estimulado proyectos individuales e integrados a la colectividad. En ambos casos, la corrupción no estuvo ausente, pero fue un fenómeno de cúpula y, lo más importante, se hizo alrededor de grandes proyectos nacionales Cuando no existe un proyecto nacional compartido y esperanzador, como en nuestros días, se crea un clima de descomposición donde prolifera la corrupción.
Visión compartida y corrupción. Como no existe una visión de país compartida que legitime la cúpula, le permita ejercer control sobre el aparato y mantener el respeto social, se crean múltiples proyectos de supuesto interés colectivo cuya meta es lo personal, como el préstamo finlandés, las compras a Alcatel, las radiopatrullas rumanas o las toneladas de mayonesa para la Policía. En otras palabras, se "democratiza" la corrupción, descendiendo en cascada por el aparato institucional y provocando un verdadero caos por la falta de articulación y sentido entre los proyectos e inversiones públicas.
A lo anterior se suma la falta de controles efectivos de la ciudadanía latinoamericana sobre sus estados. Este problema se encuentra enraizado en la historia desde la época de las encomiendas, origen del subdesarrollo, un sistema donde el enriquecimiento proviene en gran medida del "capitalismo con amiguismo", como lo han llamado algunos, o "empresariado rentista", como dicen otros, obtenido por la relación señor-vasallo en vez de ciudadana. Su ADN se aprecia en las diferencias entre los estados latinoamericanos y las democracias avanzadas, especialmente en lo siguiente:
a) A los jerarcas no se les puede pedir cuentas sobre los impactos y resultados de su gestión y no se les puede revocar del cargo con un juicio político ejecutivo, aunque cometan desastres.
b) El centralismo existente y rechazo a toda propuesta de descentralización efectiva facilitan el enriquecimiento de los "clientes" que sostienen el sistema.
c) Un amplio sector de la población no tiene umbral de ciudadanía, esto es, no tiene suficiente autonomía económica y no tiene o no puede hacer valer sus derechos de participación en los asuntos públicos.
Ciudadanos y vasallos. Estos aspectos marcan la diferencia entre ciudadanos que ejercen soberanía sobre sus estados en las democracias avanzadas y la de vasallos virtuales y reales, encubiertos bajo el manto de una Constitución que se dice "republicana". "Cambiar a los corruptos por los honrados" no es una mala consigna para empezar a cambiar el orden de las cosas, pero limitarse a esto, aparte las dificultades de la selección, no soluciona el problema generador. El poder, en ausencia de controles ciudadanos efectivos, corrompe y repite el ciclo. Eso sucedió después de 1948, cuando se agotó el proyecto inicial. La falta de controles para medir el impacto y los resultados redujo a casi cero la eficacia del sistema de control de pesos y contrapesos, hasta que la cúpula se descuidó y se nombró al actual fiscal general. Así, una parte del sistema de pesos y contrapesos dormido se reactivó y provocó la captura de dos expresidentes.
Las luchas contra la corrupción en nombre del moralismo, que se centra en la actitud de las personas y no visualiza el sistema, no alcanzan su objetivo de saneamiento y contribuyen a la reinstalación de los corruptos. En São Paulo, el alcalde Maluf se enriquecía con la realización de obras públicas. No obstante, fue denunciado por un grupo de abanderados de la moralidad. Este mismo grupo ganó las siguientes elecciones; sin embargo, como su vínculo era la lucha contra la corrupción, como normativa legal, en los siguientes cuatro años no realizaron ninguna obra significativa. En las siguientes elecciones el exalcalde Maluf se volvió a postular diciendo algo así como "voten por mí, yo robo, pero hago" y, paradójicamente, resultó reelegido como alcalde.
Controles cruzados. La corrupción, pública o privada, siempre existirá, y a la tentación con la riqueza fácil algunos siempre sucumbirán, por lo que se debe impedir que se convierta en parte del sistema y reducir su espacio y frecuencia por medio de controles efectivos sobre los jerarcas. Cuando existen controles cruzados, aquellos deben rendir cuentas y pueden ser separados del cargo. En otras palabras, no gozan de impunidad. La empresa privada lo tiene muy claro y las democracias avanzadas también. La empresa privada si bien estimula a sus funcionarios, precisamente porque controla los resultados, es muy severa y no permite la impunidad. Lamentablemente, el grueso de la población y la mayoría de los comunicadores no perciben las fallas del sistema de vasallaje con los jerarcas prevaleciente en nuestro Estado, que encuentran normal, pero sí las de los funcionarios de la ventanilla.
Por eso, piden controles minuciosos y, sobre todo, detalles, que dan la sensación de resolver las causas, pero que terminan desgastando la administración y contribuyendo a encubrir a los delincuentes. La valoración de la corrupción en términos de moral individual puede llevar a equívocos graves. No es lo mismo un empresario corruptor que un ciudadano chantajeado por los corruptos. La corrupción institucionalizada exige, desde una posición de poder, el pago de una mordida para resolver problemas y necesidades a veces acuciantes de los ciudadanos. No pagar conlleva daños pecuniarios y familiares mayores. Algunos ciudadanos y empresarios se enfrentan al dilema de pagar y salir de la actividad o renunciar al proyecto.
Visión de futuro. La respuesta puede ser equivalente a la de una victima de un asalto con la pistola en cabeza, pero el moralismo equipara a la víctima con el victimario ignorando los matices situacionales. Resultamos todos, al final de cuentas, responsables de la corrupción transformándonos, desde esta óptica, en enemigos públicos. Dentro de esta lógica, que nos degrada, nada en la sociedad se puede cambiar, mientras no cambiemos nosotros mismos. Y el único camino, a contrapelo de la realidad, es el apego a un milagroso código de ética, controlándonos unos a otros en nuestras intenciones y acciones, impulso de una verdadera paranoia y desgaste colectivo Así, el sistema corrupto queda ileso.
Tanto es así que, cuando los moralistas piden controles meticulosos, los mafiosos los apoyan. Este clima es aprovechado por algunos jerarcas para responsabilizar a la población, evadiendo su propia responsabilidad. Por eso hay que investigar los resultados de las políticas y contrastarlos con las rendiciones de cuentos oficiales. Quedarse en la denuncia del hecho cotidiano del funcionario de quinta categoría, como si fueran actos de muchas malas personas (una cultura corrupta) y no resultado de un clima de incubación, contribuye a desviar la atención del sistema.
Por eso es importante priorizar las investigaciones y darles seguimiento a las denuncias relevantes para no generar una sensación de impotencia e impunidad. En el pasado, cuando había proyecto y voluntad de gestión política, las cosas funcionaban bien. El problema no son los empleados públicos, sino una clase política con un proyecto no compartido encubierto por un lenguaje populista, que impulsa y mantiene el capitalismo con amiguismo. En el país existen cuatro centros donde se producen las más graves anomalías: el MOPT, la CCSS, el ICE y el INS, que deben ser monitoreadas regularmente por la Contraloría y la Asamblea Legislativa.
El vasallaje, abierto o encubierto, no nos conduce precisamente a ninguna parte. Ni siquiera la famosa "camisa de fuerza" de un acuerdo supranacional que obligue a los políticos a reformar el Estado, como lo plantea Oppenheimer, sugiriendo el TLC en su libro de moda Cuentos chinos . Si queremos ser realmente un país desarrollado, debemos colocar en el centro de la agenda una visión de futuro con una reforma institucional que nos permita ser ciudadanos de verdad y asumir la soberanía de nuestro Estado en los procesos de integración internacional.
