Las reformas a la Ley de Concesiones, ya dictaminadas y en lugar preferente en el plenario, sobre las que hay un mal meditado "consenso" (léase: otra tragada de cuento), tienen plena razón en lo que aceptan, pero no en la solución que proponen, la que requiere importantes cambios.
Reconocen -y con toda razón-, primero, que la concesión es, por naturaleza, un contrato financiero; o sea, una fórmula para obtener el financiamiento necesario para la construcción de la obra, pagar al constructor y recuperar en el tiempo, con los peajes y otras tasas según la naturaleza de la obra, y demás tributos destinados específicamente a ella, como el de contribución especial que grava a los propietarios de inmuebles beneficiados con la plusvalía que genera. Disponen para eso, correctamente, que tales ingresos irán exclusivamente a un fondo especial y que sobre ellos podrá imponerse prenda que garantice adecuadamente al financista.
Lo obvio. Mentira, por consiguiente, lo que se dijo en 1998 para justificar la Ley de Concesiones que se reforma, de que era fundamentalmente un contrato para atraer el conocimiento necesario -en construcción y en finanzas- y poder construir mediante "recursos privados" porque el Estado "carecía de recursos para hacerlo". Absoluta, total y obvia mentira, que ahora se reconoce, y tan francamente que las reformas dichas proponen hasta desligar al adjudicatario del concurso de concesión, de toda responsabilidad por el financiamiento y construcción de la obra, que será responsabilidad exclusiva de la nueva sociedad (costarricense y de mínimos requerimientos de capital), constituida para ese efecto. Se revela así lo que era obvio desde un primer momento: que el concesionario, privado o público, es un mero intermediario financiero entre los ingresos tributarios futuros de la concesión, y los contratos financieros de adelanto de los fondos contra esa garantía, de modo que nunca hubo tal que fueran privados los ingresos ni que el Estado careciera de esos fondos, lo que es cierto al inicio (al igual que para el privado que por eso los pide prestados), pero no en el futuro. En ambos casos los aporta, en el futuro, la sociedad o conjunto macroeconómico nacional que paga o pagará dichos tributos.
Mentira, igualmente, que se requieran conocimientos especializados o inexistentes. Primero, porque los planos y diseños deben existir con anterioridad a la licitación, porque son la base necesaria -u objeto a contratar- del cartel de concesión de obra pública; y, segundo, porque las obras de infraestructura requeridas por el país, si bien grandes, no son intelectualmente nada desconocidas o del otro mundo. En las técnicas de ejecución es que puede haber novedades, mejoras y ahorros, y ese es el terreno para que compitan los constructores, que son eso y no financistas.
De modo que el concesionario y toda la ardua labor de la licitación para conseguirlo -en lo que se agota el Consejo Nacional de Concesiones- sale sobrando porque es solamente un promotor. Lo que importa es, por una parte, el diseño y los planos -base para la licitación de la construcción de la obra- y, por otra, la entidad desarrolladora y su financiamiento.
El colmo. Tal entidad ha de tener las características de los public utilities estadounidenses, para captar con seguridad de retorno los fondos de pensiones y otros recursos locales similares, que no encuentran aquí ahora inversiones seguras, y que tendrían que buscarlas fuera, promoviendo así -lo que es el colmo de la sinrazón- el desarrollo de otros países. Tales fondos, mas los bancarios en dólares actualmente ociosos, ascienden a una cifra cercana a los $7.000 millones, según reveló recientemente La República (sí, lector, leyó bien, siete mil millones y de dólares). Los fondos de pensiones, de la Caja en adelante, de los que depende la seguridad futura de la población costarricense, ahora invierten en bonos basura del Estado costarricense, o sea en promesas de pago de un quebrado, calificadas artificialmente de "seguras". En cambio, en tales entidades tendrían la garantía directa y con prenda, de la sociedad misma y de servicios que esta necesita. O fondos extranjeros que de sobra cobrarían menos que los 9,89% de interés en dólares que la "benefactora" Alterra carga por su financiamiento. El proyecto, por tanto, debe ser cambiado en los sentidos dichos, totalmente omitidos por los consultores del CNC.
Finalmente, el proyecto solo hace avances tímidos para corregir en las expropiaciones defectos impedientes. Desde finales de la primera administración de Óscar Arias, por ejemplo, quedó financiada mediante un préstamo del BID, la nueva carretera a Caldera. Casi 20 años después no han concluido las expropiaciones, incuria inaceptable, producto de desidia y de leyes absurdas que este proyecto no corrige.
