El balance de poderes, base de la libertad de los ciudadanos en el estado de derecho, requiere respetar la independencia de los jueces. Tal necesaria independencia se amenaza si, como se pretende, la Asamblea Legislativa rebaja el salario de los magistrados con el pretexto de los gastos de representación.
El ingreso actual de los magistrados es apenas razonable, bajo si se compara con el de los diputados, que no requieren ninguna preparación y cuya labor es de tiempo parcial. Por eso no hay ninguna razón, aun contra el Derecho o contra el sentido de la Constitución, para esa pretensión equivocada.
Igual que las demás autoridades públicas, las judiciales deben responder por sus actos, pero para eso deben ser independientes porque la libertad es prerrequisito de la responsabilidad. Por tanto, pretender responsabilidades por esa vía, además de violar lo dicho, es anular toda responsabilidad. Lo que se agrava, además, porque, en ese aspecto, e independientemente de inevitables fallas, el Poder Judicial más bien les ha dado ejemplo a los otros Poderes en cuanto a rendición de cuentas, apertura, y espíritu de cambio y renovación. Precisamente porque han cumplido, merecen ser respetados, además de que es su derecho.