Hace bien La Nación cuando destaca en sus titulares del 29 de diciembre los problemas de impunidad en la compra astronómicamente sobrevaluada del sistema de cómputo en el INS. Es estimulante la acción de la Contraloría en este caso, pero recordemos que es solo la punta del iceberg de un fenómeno de impunidad generalizado, que vemos todos los días: en las calles los autos aparcados en línea amarilla y brincándose los altos y los delincuentes haciendo de las suyas parapetados en normas y procedimientos engorrosos que contravienen el espíritu de las leyes.
Pero esta impunidad generalizada no es una maldición gitana, sino que tiene su causa en la falta de controles ciudadanos efectivos sobre el presidente, los ministros y presidentes ejecutivos y no solo por falta de leyes más rigurosas. No por casualidad, cuando se cae un puente en Lisboa, renuncia el ministro de Transportes; es que prefiere renunciar antes que lo obliguen a hacerlo.
Nada de cuentitos. En las democracias avanzadas la ciudadanía no renuncia a la soberanía sobre el Estado durante cuatro años, como hacemos en Latinoamérica, sino que ha establecido la exigencia de rendir cuentas a los jerarcas (no de contar cuentos) con la posibilidad de revocarlos del cargo con un ágil juicio político. La ciudadanía, que tiene peso real en esos países, se ha preocupado de establecer controles institucionales sobre los jerarcas, que los obliga a responder por sus actos. Preocupados por las consecuencias que pueden tener sus malos rendimientos, los jerarcas establecen controles de resultados y supervisan la ejecución del trabajo.
En nuestro país la cosa es al revés: se regula al mínimo detalle la acción de los de abajo, entrabando la acción institucional, para dar la impresión de que se controla, al mismo tiempo que se deja sin control a los de arriba, y el resultado es el mismo que dejar al gato cuidando la leche.
Acabar con la impunidad es vital para reorganizar el país, pero, para que esto se dé, debemos entender que el control sobre la empresa colectiva que es el Estado es igual al que se ejerce en las empresas; es decir, que no es un control sobre las minucias, sino sobre resultados y que, ante todo, los jerarcas deben ser los responsables. Necesitamos una reforma institucional para adecuar nuestro Estado a las exigencias ciudadanas, pero esto no debe ser un pretexto para atrasar los cambios.
Desperdicio y presiones. La legislación existente permite, si se tiene empeño, como ha demostrado el Fiscal General, empezar a poner orden en el aparato público. Invito a la Contraloría General de la República a dar seguimiento a las denuncias sobre el desperdicio de bienes públicos realizadas en los últimos meses por La Nación, a fijar responsabilidades por los atrasos en las obras públicas debidos a incumplimientos institucionales en expropiaciones y otro tipo de trámites, que nos ha hecho sujetos de demandas multimillonarias y que han dado pie a presiones indebidas de los concesionarios de obra pública, como Alterra.
Invito a los colegios profesionales y gremios, más allá de los pequeños intereses corporativos, a poner en evidencia el engaño de las medidas de “control” como las de hacer leyes “más severas” que terminan incumplidas (como las multas de ¢100.000 por tirar basura en la calle), que desvían la atención de los verdaderos responsables, y a unirse en una campaña de transformación institucional que, dejando atrás las relaciones de vasallaje, nos convierta en ciudadanos plenos de nuestro país.