Ante la violencia creciente se escucha, cada vez con más frecuencia, un clamor entre un sector de la población y los políticos por subir las penas a los delitos e infracciones. Sin embargo, ¿será esta la solución? En algunos casos, puede ser adecuado hacer cambios sobre el tipo de penas o sus montos, para generar mayor atención e interés sobre en los potenciales infractores.
Tal podría ser el caso del sistema de puntaje propuesto sobre las licencias de los infractores crónicos, que podría dejarlos sin derecho a conducir permanentemente, pero el incremento de las penas, en sí mismo, no garantiza una reducción de los delitos o contravenciones.
Para muestra un botón: hace más de quince años se aprobó la disposición de multar con cien mil colones a quien botara basura en la calle. Para entonces cien mil colones eran más de quinientos dólares. Hasta el momento no conozco ni un solo caso en que se haya aplicado dicha multa y en las calles de todo Costa Rica se bota basura a vista y paciencia de las autoridades y de la ciudadanía.
Podría argüirse que en este caso se trata de una excepción en que el monto de la multa choca con el sentido común y por eso se ignora. Este argumento no deja de tener sentido, el problema es que la inobservancia de la norma, o sea, la impunidad del que la transgrede, contribuye a erosionar el régimen de derecho en que se basa nuestra institucionalidad, y esta impunidad no se limita a los casos como el mencionado.
Impunidad cotidiana. Por diversas razones de decisión y capacidad operativa del Sistema Judicial vemos cómo asesinatos como el de la periodista Ivania Mora, que constituyen una verdadera bofetada a la institucionalidad, permanecen impunes contraponiendo su efectividad con la del sicariato emergente.
Sin embargo, las cosas no se limitan a lo penal, sino que se desbordan en cascada sobre la impunidad cotidiana frente a las infracciones de tránsito. Basta observar las principales calles de la ciudad, con aceras pintadas de amarillo y rótulos nuevos indicando que está prohibido parquearse, llenas de vehículos estacionados mientras pasan a su lado, como si nada irregular sucediera, los inspectores de Tránsito.
Muchos ejemplos de impunidad podemos encontrar en la vida cotidiana de violación a la maraña de normas y leyes vigentes, en que a menudo se actúa según el principio de que “es mejor pedir perdón, que pedir permiso”. Lo grave es que la falta de juicio del legislador y de capacidad de actuar de las autoridades encargadas de ejecutarlas está erosionando lenta pero sistemáticamente el Régimen de derecho lo que conlleva consecuencias nefastas de no ponérsele coto a este proceso que se desarrolla ante nuestros ojos como el pan cotidiano.
Necesitamos una revisión de nuestras normas, pero no necesariamente para elevar las penas, sino para reducir su número y hacerlas cumplirse. Esto implica una legislatura inteligente que el actual sistema electoral no estimula: necesitamos poder elegir diputados a medio período por distrito electoral para exigir cuentas a los legisladores. En las democracias avanzadas el ciudadano respeta la ley por su racionalidad para el bien común y porque el que la transgrede la paga. Un Poder Ejecutivo con voluntad de cambio podría demostrar sus intenciones al hacer cumplir las leyes de tránsito e impidir que infarten las principales calles, como la salida de Heredia, por el estacionamiento no autorizado.
