Todos sabemos que la gestión pública es lenta y poco eficiente, pero eso no está en el ADN de los empleados públicos, sino en el sistema de gestión del Estado.
Un ejemplo cotidiano: la normativa institucional de Registro de Proveedores por institución y el procedimiento de pedir facturas pro forma para hacer más “competitivas” y “transparentes” las compras menores son una trampa que, en la realidad, atrasan y encarecen la ejecución de los proyectos públicos. Un solo proveedor puede inscribir sus socios y jugar con los precios. Esto es aún mayor, si se les hace el juego desde la institución compradora. No es por casualidad que las instituciones públicas terminan comprando los productos más caros y de menor calidad.
Lamentables atrasos. Muchos programas pueden contratar sin demasiados problemas al personal ejecutor, pero deben mantenerlo en las oficinas “programando tareas futuras” durante meses, ya que frecuentemente los proyectos no pueden ponerse en marcha mientras no ingresen los equipos necesarios.
Lamentablemente, estos se atrasan mientras los funcionarios corren detrás de los comerciantes a pedir facturas pro forma que, por una parte, coincidan con todas las exigencias de la normativa vigente y, por otra, no prescriban en el límite de días establecido.
Se trata de un verdadero sinsentido para la época digital contemporánea, ya que se puede crear un solo registro de elegibles en la Contraloría General de la República, en vez de en cada una de las instituciones. Las compras y servicios se pueden anunciar en un sitio web predefinido, al que tenga acceso el ente contralor, de tal forma que los funcionarios publiquen sus demandas de artículos y servicios en Internet, en una página a la que tenga acceso el ente contralor, y que sean los comerciantes y empresas de servicios las que lleven sus ofertas. Así, la compra se transaría tan ágilmente como en la empresa privada.
Decisión política. ¿Es eso muy difícil de hacer? Técnicamente es sencillo. Se trata, ante todo, de un asunto de decisión política que puede ahorrar recursos y tiempo al patrimonio público.
Invito a la Cámara de Comercio y a los sindicatos públicos a impulsar esta iniciativa.
Los primeros, porque verán acelerarse los trámites y fortalecer el libre comercio efectivo; y los segundos, porque mal servicio les hacen a sus afiliados si permanecen impasibles frente a las fallas del sistema que el ciudadano corriente no entiende y atribuye a los funcionarios que se encuentran detrás del escritorio.
¿Estará esta medida incluida en el anunciado gobierno digital?