Abundan en los medios de comunicación las noticias malas sobre la gestión pública, solo en los últimos días se ha mencionado en La Nación , incluyendo un editorial, sobre el problema de lo malo y caro (más de $450 millones de sobreprecio) que pagan las instituciones del Estado con el actual el sistema de compras públicas, que es uno de los más regulados en el detalle de los procedimientos, pero menos controlado en sus resultados.
En ese mismo diario se ha cuestionado el sistema de garantías sobre los préstamos de las pensiones de la CCSS y se ha dicho que no hay controles sobre el rendimiento de estos préstamos.
Mientras tanto, tenemos el aeropuerto más malo de la región, los peores muelles, una infraestructura con treinta años de atraso con las carreteras atascadas; las ciudades carecen de la más elemental señalización, y el turismo, una de las fuentes de divisas y empleo más importante, que ha sido afectado por los problemas de inseguridad creciente, empieza a disminuir, al mismo tiempo que se desplaza hacia países vecinos como Panamá y Nicaragua, donde crece a pesar de la crisis mundial prevaleciente.
Problema estructural. La mala gestión pública de nuestro país no es, sin embargo, una casualidad de los últimos años; obedece a la lógica de un sistema político donde el enriquecimiento se realiza por medio de una práctica rentista; esto es, utilizando el poder, las leyes y los resquicios legales para hacer fortuna personal.
Colocando en primer lugar el interés personal y de grupos corporativos, los intereses colectivos pasan a ser instrumentales.
Prevalece así el sentido de “oportunidad” de los tiburones, como en los casos de los famosos prestamos finlandés y español, donde se compraron cosas que no hacían falta, sobre las necesidades objetivas del Estado y sus instituciones.
Por eso es que no funciona nuestro Estado, a pesar de las abundantes declaraciones éticas y la aprobación de leyes contra la corrupción. Se habla de la ética en abstracto y no se entiende que la ética adquiere dimensión en la gestión concreta del Estado y no en los procedimientos.
Lo que es peor, estos vigilantes de la ética, que constituyen toda una tropa importante en la Asamblea Legislativa, ignoran o encubren el grave incumplimiento constitucional en que ha incurrido ese órgano legislativo al no legislar para que se cumpla el artículo 11 de la Constitución –el cual exige evaluación de resultados con responsabilidad personal– y se mantenga el desorden actual.
Si este artículo se cumpliera, como debe hacerse por imperativo legal de nuestra Carta Magna y las exigencias de la moderna administración, los jerarcas enfrentados con una eventual revocatoria del cargo por falta de resultados, tendrían que cumplir de hecho y pedir en los casos necesarios las reformas reglamentarias que entraban la gestión pública actualmente.
Pero mientras no se cumpla esta obligación constitucional –y no veo voluntad política en la actual Asamblea para hacerlo–, las cosas seguirán de mal en peor, debilitándose la institucionalidad, al mismo tiempo que crece el poder económico y la influencia del narcotráfico.
Pienso que el empresariado creativo y los movimientos sociales no involucrados en estas redes rentistas, deben exigir el cumplimiento de nuestra Carta Magna y no financiar candidatos ni votar por quien no se comprometa con las legalidad; es una obligación impostergable para que los ciudadanos tengamos condiciones de control sobre el Estado, la empresa de todos.
