En unos días, volveré a sentarme en el banquillo por una demanda penal relacionada con un programa elaborado por estudiantes universitarios en formato de sátira hace casi diez años.
Regreso con serenidad y una convicción profunda: lo que se discute en esa sala trasciende mi nombre. Mi peregrinaje judicial ha sido largo y desgastante, marcado por mensajes de odio, hostigamiento y consecuencias económicas que han afectado mi vida personal y profesional.
Pero esta no es únicamente una historia individual. También plantea una pregunta fundamental: ¿cuánto espacio estamos dispuestos a preservar para la libertad de expresión cuando la crítica incomoda al poder?
En una democracia, informar no es una concesión del poder: es un derecho de la ciudadanía. Quien aspira a gobernar debe comprender que su actuación estará sometida a un escrutinio más intenso. Esto no significa renunciar a la protección de la honra, sino reconocer que el debate sobre los asuntos públicos debe ser amplio, plural y vigoroso. La democracia no exige admiración ni complacencia frente a quienes aspiran a dirigirla; exige libertad para cuestionarlos.
La Corte Suprema de Estados Unidos, en New York Times Co. versus Sullivan (1964), destacó la necesidad de proteger un debate público desinhibido, robusto y abierto. En el ámbito interamericano, la sentencia Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2004) recordó a nuestro país la importancia de proteger la libertad de expresión cuando se informa sobre asuntos de interés público. Estos principios son esenciales para impedir que el temor a las sanciones termine restringiendo la crítica legítima.
La sátira tiene, además, un valor particular durante los procesos electorales. El humor político, la parodia y la caricatura permiten evidenciar contradicciones, cuestionar promesas y someter a examen a quienes buscan el voto ciudadano. Su lenguaje recurre a la ironía, la exageración y otros recursos que deben interpretarse en su contexto, no confundirse automáticamente con afirmaciones factuales. La sátira no está exenta de límites, pero restringirla sin una justificación rigurosa empobrece el debate democrático y priva a la ciudadanía de una herramienta histórica para cuestionar el poder.
En mi caso, sostengo que nunca pronuncié una afirmación difamatoria contra el entonces candidato. Como director, mantuve abierta la posibilidad del derecho de respuesta, un mecanismo democrático para controvertir expresiones sin convertir cada desacuerdo en una disputa penal. Considero relevante que esa posibilidad no se solicitara durante el tiempo transcurrido, sin perjuicio de lo que corresponda determinar a las autoridades judiciales.
Un proceso judicial no necesita terminar en condena para producir consecuencias. Su duración, sus costos y la incertidumbre pueden convertirse en una forma de desgaste. Los embargos han golpeado mi patrimonio y han añadido una presión que trasciende lo económico. Cuando defenderse durante años se convierte en una carga desproporcionada, aparece un riesgo que afecta a todo el periodismo: que otros prefieran callar antes que exponerse a consecuencias semejantes.
El problema no se limita a quien enfrenta el litigio. También afecta a las fuentes que dejan de hablar, a las investigaciones que nunca se publican y a la ciudadanía que pierde información necesaria para decidir.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Defender esa garantía no significa reclamar impunidad para la prensa, sino exigir que cualquier restricción respete los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Recuerdo las enseñanzas de Javier Darío Restrepo, maestro de la ética periodística latinoamericana, sobre el compromiso del periodista con la verdad y con la gente a la que sirve. Desde mi trayectoria profesional y mis años en la presidencia del Colegio de Periodistas de Costa Rica, he defendido que una prensa libre, plural e independiente no es un privilegio gremial: es una condición para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y para que el poder no monopolice la conversación pública.
Volveré a juicio con respeto por la justicia y con la convicción de que defender la libertad de expresión es una responsabilidad que trasciende cualquier circunstancia personal. Quiero que los estudiantes universitarios, los periodistas y quienes recurren al humor para cuestionar a los candidatos sepan que la democracia debe ofrecer garantías para la crítica y la discrepancia.
Vuelvo a juicio por convicción, por dignidad y por la libertad de expresión. No quiero que el miedo sea el editor de ningún periodista, ni que el silencio ocupe el lugar que le corresponde al debate democrático.
marlonmoracr@gmail.com
Marlon Mora es periodista.