El 5 de abril de 1984 la Compañía Bananera de Costa Rica presentó al ministro de la Presidencia, Fernando Berrocal Soto, su programa de trabajo para los años inmediatos. El documento incluía la gestión sobre las operaciones de palma oleaginosa en Coto y en la División de Quepos, así como la dedicada a la producción de banano en Palmar Sur.
Respecto a la palma, la empresa reafirmaba ante el ministro y el gobierno, presidido por Luis Alberto Monge, su determinación de apurar la renovación de áreas de cultivo próximas a su agotamiento y de ampliar la recepción de la fruta procedente de productores independientes, a fin de dar cabal cumplimiento a la satisfacción de la demanda interna de aceites y de apuntalar los objetivos de exportación.
La compañía insistía ante las autoridades en la conveniencia y la necesidad de dinamizar los mecanismos de fijación de precios del aceite, si es que se descartaba la liberación del precio. Esa era la ruta para asegurar la viabilidad económica de las próximas inversiones y de las operaciones en general. “Afortunadamente –se le dijo a Berrocal aquel 5 de abril de 1984– se ha encontrado una atmósfera positiva en las dependencias gubernamentales donde el punto se ha planteado”.
En cuanto al banano, la compañía reafirmaba su compromiso de mantener la actividad que tan grande impacto tenía en la economía de la zona. En Palmar Sur, la empresa había cerrado su último año fiscal con una producción de 2.200 cajas por hectárea y, con las significativas inversiones que había hecho en drenaje, fertilización y prácticas culturales, calculaba que para años siguientes bien podría incrementar significativamente ese promedio.
No ignoraba las diferencias que se marcaban entre los cultivos del banano en la vertiente atlántica respecto al Pacífico sur, pero creía que, mediante una estructura especial en el gravamen sobre las exportaciones de la fruta aplicada a lo que tenía que transitar el canal de Panamá para llegar a sus mercados de destino, bien podrían amortiguarse las desventajas competitivas.
La protesta. De esto, la empresa había venido hablando con las autoridades superiores del país y encontró una atmósfera positiva. De ello se volvió a hablar con el ministro Berrocal, quien reiteró esa misma atmósfera estimulante.
Pocas semanas después, el 4 de julio, la Unión de Trabajadores de Golfito (UTG) impuso la huelga en la División de Golfito. Estimó que la empresa hacía oídos sordos a las demandas de mejoramiento en las cláusulas de la convención colectiva de trabajo, particularmente, las relativas a los precios de las tareas.
Aquellas negociaciones entre la compañía y el sindicado, de las que tenía plena noticia el Ministerio de Trabajo, llevaban el ritmo habitual en estos proceso. Hasta que la posición sindical se contaminó con la lucha descarnada producida en la cúpula del partido de los comunistas. La línea dura, confrontativa, retadora y hasta suicida, pretendía que la UTG arrastrara a la bananera al colapso de sus operaciones si no accedía a sus demandas económicas, así fuesen insostenibles. Lo visualizaba como un golpe al “imperialismo yanqui” y vino la huelga. Luego la jurisdicción laboral la declaró ilegal.
No importaba ello a los afanes que enredaban un asunto de relaciones laborales con una estratagema política. La huelga duró 72 días y dejó en grave postración las plantaciones y también la economía regional, con lesiones que se perciben aún.
Hubo algo de gran repercusión económica, social y política cuando, en agosto de 1984, el presidente Monge introdujo cambios de fondo en su gabinete. El más significativo fue el reemplazo de Berrocal en el Ministerio de la Presidencia por Danilo Jiménez Veiga.
Recomposición. Para entonces, con los daños de la huelga a la vista, lo fundamental era la rehabilitación de los bananales y el retorno a la normalidad de las relaciones obrero-patronales. Hubo muchas, muchas reuniones. Jiménez Veiga había asumido un control dominante de las posiciones gubernamentales.
La compañía le hizo saber la cuantía de la rehabilitación de los cultivos y la manera de financiarla: una reducción temporal del impuesto sobre la exportación del banano de Golfito a fin de sostener los créditos de la inversión requerida, reducción que iría ajustándose con el paso de los años hasta volver al $1 de ley por caja.
Como director de asuntos públicos de la empresa bananera, participé en muchas de las sesiones de trabajo donde se analizó el caso. Recuerdo muy bien cómo los ministros involucrados en el asunto asintieron cuando se les presentó la propuesta. En esos foros, en todo momento, el presidente repetía su demanda de amparo a las operaciones como fuente de trabajo; algo que lo desvelaba.
Las cosas tomaron un giro inesperado para el país, para la región y para la compañía bananera cuando Jiménez Veiga impuso su tesis de que había que concluir las operaciones de la empresa en Palmar Sur
“Los tiempos de Mamita Yunai cesaron”, hizo saber. Para no zafarle la tabla al presidente Monge, encaminó las negociaciones hacia el traspaso de casi 3.000 hectáreas de la compañía en Palmar a cooperativas constituidas por quienes habían trabajado en las plantaciones bananeras.
Hacer maletas. La Compañía Bananera de Costa Rica no tenía más que hacer maletas. La fase siguiente fue dedicada a darle forma al convenio entre el gobierno y la empresa mediante el cual se traspasarían esas hectáreas, el ferrocarril de la región y el muelle, con sus anexidades. Se firmó en Palmar Sur el 25 de marzo de 1985.
Estas reflexiones obedecen a la necesidad de precisar verdades históricas que acompañaron aquella huelga. Sobre todo, para desautorizar versiones de algunos que presumen de historiadores y temerariamente quieren vender la fábula de que la Compañía Bananera de Costa Rica montó la estrategia de dejar de producir banano en Palmar Sur.
Los hechos, los documentos que conservo, las publicaciones de prensa de entonces, dejan en claro cómo fue que se frustró el proyecto de la compañía bananera de procurar una producción mayor y más eficiente, primero, y de rehabilitar los bananales arruinados por la huelga, después.
Lo que siguió –la presencia de las cooperativas, la creación y operación del Depósito Libre Comercial de Golfito, los fallos, las torpezas y la esterilidad de decisiones que resultaron erradas– no son responsabilidad de la compañía.
Evidentemente, cuando los sindicatos se convierten en instrumentos para la agitación política pasan a ser perniciosos para el desarrollo del país. Lo mismo en 1984 que en el 2018.
El autor es exdirector de asuntos públicos de la Compañía Bananera de Costa Rica.