Un sistema político anquilosado, con un deteriorado contexto institucional que ya no responde con eficiencia a las expectativas y necesidades de la población, es el ambiente adecuado, el terreno fértil, para el florecimiento y auge del populismo.
Ese negativo e inconveniente contexto, en el que se manifiesta un marcado desprestigio de los partidos y de los cauces legales de participación política, ya sea por corrupción o por falta de representatividad, es aprovechado hábilmente por los populistas para –exacerbando las deficiencias del sistema con su diagnóstico catastrofista y señalando a todos los políticos de corruptos– sintonizar con una ciudadanía ávida de eficacia y transparencia en la gestión pública.
Satanizan la política y demonizan a los dirigentes “tradicionales” para crear un ambiente propicio a su discurso de “cambio”, aunque nadie sepa en verdad de lo que trata. Prometen que cambiarán todo, que implementarán una nueva forma de hacer política, que “salvarán” al país, pero sin plantear propuestas concretas ni precisar cómo lo harán.
En su trabajo proselitista se benefician de los mecanismos democráticos, de la libertad de expresión y de prensa, pero cuando logran acceder al poder asumen una actitud antidemocrática, son intolerantes a las críticas y les molestan las voces discrepantes, las que tratan de acallar alegando ser ellos los únicos representantes de la voluntad popular y adoptando medidas autoritarias.
En los últimos procesos electorales, la insatisfacción y deseo de cambio de la ciudadanía se ha expresado en favor de fuerzas políticas emergentes, algunas de clara orientación populista, creyendo candorosamente que con solo cambiar de actores se logrará una mejora sustantiva en la gobernanza de la cosa pública, cuando en realidad el problema consiste en la existencia de un sistema político atrofiado que imposibilita, a cualquiera, ejercer el poder con eficiencia y cumplir las propuestas formuladas y los compromisos adquiridos con el electorado.
Se debe entender que lo que se requiere con urgencia es una profunda reforma política, una modernización del actual sistema establecido por la Constitución Política de 1949, la que, aunque haya sufrido muchas reformas, ya no responde a las actuales circunstancias.
Como vacuna contra el populismo irresponsable y para evitar las dolorosas experiencias de otras naciones que han recorrido ese tortuoso camino, la sociedad demanda un nuevo proyecto de convivencia común, un sistema político moderno, una constitución actualizada, que permita superar las deficiencias e insuficiencias de la situación actual.
Para asumir esa tarea y lograr tales propósitos, el mecanismo de las reformas parciales, de “parches” a la Constitución, no parece ser el más idóneo, por lo que se debe analizar con seriedad la conveniencia de convocar una Asamblea Constituyente, que renueve el pacto social y que elabore una nueva carta fundamental.
De no hacerlo oportunamente, las debilidades de nuestro sistema político actual se profundizarán y cada día será más difícil, sea quien sea el que gobierne, que el aparato estatal cumpla el cometido principal de generar progreso al país y bienestar a la población. Así se favorecerá el avance de las corrientes populistas.
Es hora de que nuestra clase dirigente deje de lado su letargo y las aprensiones sobre este tema, ya que como lo recomendara hace varias décadas el expresidente Daniel Oduber, “no se debe tener miedo a la revisión del texto constitucional, que es más fácil hacerlo por una Asamblea Constituyente bien calificada y bien integrada, que hacerlo en medio de las actividades diarias de los diputados”. El país debe inspirarse en sus valores y encontrar en el pensamiento de sus más esclarecidos ciudadanos los temas y las ideas que hagan posible definir el tipo de sistema político que mejor se adapte a la realidad y a las necesidades de hoy.
El autor es exembajador ante la Santa Sede.