En estas últimas semanas ha habido mucha preocupación por parte de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), debido a la auditoría que realiza la Misión DG Sanco de la Unión Europea. Sin embargo, llama la atención sobremanera esta actitud, ya que no es la misma que se ha visto cuando son las comunidades afectadas las que piden cuentas e interponen denuncias por violaciones a la legislación nacional.
La Canapep conoce muy bien los problemas que está generando el sector piñero y las denuncias que se han interpuesto en su contra, así que, ¿por qué han esperado hasta ahora que está en el país una comisión de la Unión Europea para hacer un llamado por diversos medios de comunicación a todos los productores para que realicen buenas prácticas agrícolas? ¿Por qué no hicieron ese llamado cuando fueron las comunidades las que los “auditaron”?
Rendición de cuentas. La Canapep debería rendirles cuentas a las comunidades afectadas, a todas las personas que han interpuesto denuncias porque tienen el agua contaminada, a todos los ganaderos que han sufrido pérdidas millonarias por problemas relacionados con la mosca S tomoxys calcitrans; en fin, primero debería rendirles cuentas de cómo se produce la piña en Costa Rica a los y las costarricense antes que a los auditores europeos. Es una lástima que la Canapep siga con la lógica de que es más importante lo que diga Europa y su gente (el mercado), que lo que dicen y sufren los y las costarricenses. Es curioso también que esta visita haya sido tan anunciada. La Canapep ha podido prepararse, escoger las fincas y las empacadoras que van a visitar, realizar simulacros, con todos esos preparativos muy difícilmente los auditores van a encontrar algo que no sea conveniente para el sector piñero. ¿No sería mejor que esas auditorías se realizaran sin tantos preparativos? ¿No sería bueno que visitaran también las fincas que han sido clausuradas por el Tribunal Ambiental Administrativo o por Senasa? Esto sería bueno para conocer un poco más la realidad que acompaña este cultivo en nuestro país. Además, ¿no sería prudente que grupos organizados y comunidades afectadas pudieran tener un espacio para señalar sus preocupaciones y presentar información de su interés?
Dicho espacio se trató de conseguir por diversos medios, pero, simplemente, fue imposible obtenerlo. Mención aparte merece el papel de las instituciones del Estado, hoy muy preocupadas y hacendosas por esta auditoría, pero que han prestado oídos sordos a los clamores de las comunidades afectadas, que no han hecho cumplir la legislación vigente y que han permitido un crecimiento no planificado de esta actividad, cuyos impactos negativos son evidentes para la gran mayoría de costarricenses, aunque a los auditores europeos los lleven a ver solo lo que les conviene a los auditados.