Una mujer en la presidencia de la Corte: una deuda con la justicia
La presencia de mujeres en las altas cortes importa por razones que van más allá de la representación simbólica
La Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad de saldar una deuda histórica: en casi dos siglos, solo una mujer ha ocupado su presidencia. Rafael Pacheco Granados
Ilka Treminio Sánchez
Costa Rica se dispone a elegir, el próximo lunes, a quien presidirá la Corte Suprema de Justicia. La decisión ofrece una oportunidad para reflexionar sobre una deuda pendiente de nuestra democracia: la representación paritaria de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.
En casi dos siglos de existencia, el Poder Judicial costarricense ha tenido una sola mujer en su presidencia, la magistrada Zarela Villanueva Monge, elegida en mayo de 2013. Su nombramiento fue un hito. Sin embargo, que hasta la fecha solo una mujer haya ocupado esa posición obliga a preguntarnos cuánto han cambiado las relaciones de poder dentro de la Corte y qué falta por transformar.
La desigualdad no desaparece cuando las mujeres ingresan a la institución. En la carrera judicial, como ocurre en otros espacios profesionales, la presencia de mujeres tiende a reducirse conforme se asciende hacia los niveles superiores en la jerarquía institucional. Por ello, examinar las carreras exige prestar atención a las reglas de selección y las barreras que dificultan el crecimiento profesional de las mujeres.
Los magistrados Damaris Vargas, Patricia Solano, Rubén Gerardo Alfaro y Patricia Vargas son los cuatro aspirantes a la presidencia de la Corte. (La Nación/La Nación)
Los estudios sobre participación femenina en las magistraturas costarricenses han documentado históricamente esta brecha. Un análisis publicado en la Revista Judicial mostró que, entre 1983 y 2016, la Asamblea Legislativa nombró a 61 magistrados hombres frente a 11 mujeres. En el mismo período, solo tres mujeres habían ocupado la presidencia de alguna sala.
También se registró la escasa presencia femenina en la Corte y, por ende, de las cuatro salas que la componen. Esto permite reconocer que la desigualdad en la cúspide judicial se fundamenta en las brechas que impiden el acceso de las mujeres a la igualdad en las distintas categorías profesionales y puestos de poder.
El Quinto Informe Estado de la Justicia evidencia que la igualdad en el acceso a la justicia y la respuesta institucional ante la violencia contra las mujeres son asuntos que requieren atención sostenida. Para abordarlos, importa tanto la calidad de las decisiones judiciales como la capacidad de la institución para reconocer problemas que afectan de manera diferenciada a las mujeres.
Costa Rica ha avanzado en la representación política de las mujeres. En el Poder Legislativo, las reglas electorales de paridad han contribuido a ampliar su presencia. En el Poder Ejecutivo, las mujeres también han alcanzado la Presidencia de la República, las vicepresidencias y múltiples puestos de alta responsabilidad en los gabinetes ministeriales. Estos avances no significan que la igualdad esté resuelta, pero sí demuestran que las instituciones pueden adoptar medidas para corregir desigualdades persistentes.
En el Poder Judicial, en cambio, no existe un mecanismo equivalente a la paridad electoral que garantice una representación equilibrada. Por eso, la decisión de este lunes interpela a quienes poseen la responsabilidad de elegir y les plantea qué lugar ocupa la igualdad de género en el ejercicio del liderazgo judicial en el siglo XXI.
La presencia de mujeres en las altas cortes importa por razones que van más allá de la representación simbólica. La composición de los tribunales, los mecanismos de selección y las carreras profesionales influyen en las oportunidades de las mujeres para llegar a esas posiciones. También es necesario considerar el papel del liderazgo en la definición de las prioridades institucionales.
La presidencia de la Corte no determina por sí sola el contenido de las sentencias ni sustituye la independencia de cada magistratura. Sin embargo, sí tiene capacidad para impulsar el diálogo, promover reformas y posicionar determinados asuntos en la agenda judicial.
Esto es importante en una sociedad donde la violencia contra las mujeres, las dificultades de acceso a la justicia y las desigualdades sociales continúan planteando desafíos. Contar con una mujer en la presidencia de la Corte es un tema de justicia de género y podría contribuir a dar mayor visibilidad a las desigualdades y a impulsar su discusión institucional.
Las magistraturas que están llamadas a elegir presidencia deben reconocer que ampliar la diversidad de quienes ejercen el poder permite incorporar perspectivas que históricamente han tenido menos espacio.
Elegir a una mujer no elimina automáticamente las brechas de género del Poder Judicial. La igualdad exige políticas sostenidas, nombramientos y ascensos transparentes y condiciones laborales que no penalicen el cuido. Pero sí es un paso significativo hacia cambios institucionales que trasciendan una gestión.
La independencia judicial, la idoneidad profesional y la integridad son condiciones necesarias para dirigir la Corte, sobre todo en el contexto actual. Defender una presidencia femenina forma parte de la legitimidad democrática de las instituciones y es evidente que las candidatas al cargo cuentan con los méritos requeridos.
Este lunes, la Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad de dar un paso hacia una institución más igualitaria. Es momento de reivindicar el derecho de las mujeres magistradas a ser elegidas al cargo de mayor autoridad judicial.
La justicia necesita independencia, rigor jurídico y confianza ciudadana. Que una mujer llegue nuevamente a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia sería un avance en ese camino y una señal de que la igualdad no es una aspiración reservada a otros poderes de la República. Es hora de que también se concrete en la cúspide del Poder Judicial.
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Ilka Treminio Sánchez es politóloga y miembro del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR).
