En su orden ejecutiva, Trump acusa al gobierno de su antecesor, Joe Biden, de permitir “una invasión a gran escala” de inmigrantes que, según Trump, ha provocado “una implacable avalancha de delincuencia, vagabundeo, violencia y muerte en innumerables comunidades estadounidenses”. Además, el mandatario afirma que los inmigrantes están causando el colapso de escuelas y hospitales, y que reciben en ayuda y atención de la salud miles de millones de dólares que deberían estar destinados a ciudadanos estadounidenses. Esas afirmaciones de Trump carecen de fundamento.
Numerosos estudios desmienten la narrativa de Trump. Investigaciones de instituciones como el Instituto Cato, la Universidad de Stanford y el American Immigration Council demuestran constantemente que los inmigrantes –incluidos los indocumentados– cometen delitos a tasas mucho más bajas que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. El Instituto Cato, por ejemplo, detalló el pasado octubre que, en comparación con los estadounidenses nativos, los inmigrantes indocumentados tenían un 41% menos de probabilidades de ser encarcelados, y los inmigrantes legales, un 74% menos. A pesar de las estadísticas, Trump insiste en asociar inmigración con criminalidad. Se trata de una mentira peligrosa que estimula la xenofobia, el extremismo político y la división social.
Los inmigrantes no son una carga para la nación. Todo lo contrario: son un pilar fundamental de la economía estadounidense. Trabajan en sectores esenciales como la agricultura, la construcción, la hotelería, el transporte y el cuidado de personas mayores. Pagan impuestos, muchas veces sin recibir beneficios a cambio, y ayudan a mantener programas como el Seguro Social, al que muchos inmigrantes contribuyen sin la posibilidad de recibir pagos por jubilación. Además, revitalizan comunidades rurales y urbanas que enfrentaban la despoblación o el estancamiento económico.
La amenaza de quitarles a los inmigrantes sus salarios y bienes personales no solo es cruel: también choca con principios fundamentales del Estado de derecho. La Constitución protege a todas las personas en el territorio estadounidense –no solo a los ciudadanos– contra la confiscación arbitraria de bienes sin el debido proceso. Este tipo de medidas probablemente será impugnado en los tribunales, pero el hecho de que Trump las haya firmado causa miedo, inseguridad y sufrimiento innecesario en un segmento considerable de la población norteamericana y atenta contra los valores fundamentales de la nación.
Trump no busca soluciones reales a los problemas del sistema migratorio. Lo que busca es mantener su popularidad entre su base electoral con una mezcla de nacionalismo, xenofobia y falsedades. Sus decretos forman parte de una estrategia política peligrosa: utilizar el miedo y la desinformación para ganar apoyo.
Frente a este discurso destructivo contra la inmigración, es crucial defender la verdad: los inmigrantes enriquecen a Estados Unidos, no lo amenazan. El país necesita reformas sensatas e inclusivas, no persecuciones basadas en prejuicios ni castigos que recuerdan las medidas de regímenes autoritarios.
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Andrés Hernández Alende es un escritor y periodista radicado en Miami. Sus novelas más recientes son El ocaso y La espada macedonia, publicadas por Mundiediciones.
