Desde su creación en 1989, la Sala Constitucional ha contribuido al fortalecimiento del Estado democrático y social de derecho. No obstante, prácticas internas y decisiones de sus magistrados han desviado su función esencial, haciéndola parecer más una “ventanilla de reclamos” o “contraloría de servicios” que un verdadero tribunal constitucional.
- Activismo judicial y desnaturalización de funciones
La Sala ha adoptado una postura de activismo judicial que la lleva a intervenir en casi todos los aspectos de la vida jurídica y administrativa del país. El uso excesivo del recurso de amparo ha transformado la Sala en un canal para corregir errores administrativos o atender reclamos individuales que deberían tramitarse por otras vías. Esto ha saturado su trabajo, erosionado la autonomía institucional y debilitado su función. Para revertirlo, es necesario establecer filtros de admisibilidad más estrictos, reenviar casos improcedentes a las jurisdicciones correspondientes y sancionar el abuso del recurso. Además, debe reforzarse el principio de autocontención (self restraint), y reformar el marco normativo para delimitar claramente su competencia al control de constitucionalidad, sin inmiscuirse en la gestión pública.
- ¿Quién resuelve realmente en la Sala Constitucional?
En 2023, la Sala dictó 38.484 resoluciones, lo que implica resolver, en promedio, 147 casos por día hábil. Este volumen plantea dudas sobre la calidad y profundidad del análisis judicial. La evidencia sugiere que gran parte de las resoluciones son elaboradas por asistentes jurídicos, mientras los magistrados votan sin estudiar a fondo los expedientes –¿posible caso de fraude constitucional?–, lo que genera una crisis de legitimidad institucional. Si los jueces no cumplen con su función deliberativa, la Sala pierde su autoridad moral y se convierte en una estructura formal vacía. Para recuperar su rol, es urgente redefinir sus competencias, limitar los casos que conoce y garantizar que cada sentencia sea fruto de una deliberación auténtica.
- Abuso de votos salvados, notas separadas y sentencias por remisión
La coherencia, autoridad y legitimidad de una sentencia dependen de la deliberación y de la claridad en su motivación. Sin embargo, la práctica de emitir sentencias por remisión a precedentes, sin desarrollar razonamiento propio, ha despersonalizado las decisiones judiciales (sentencias matrioska). A esto se suma el uso caprichoso de notas separadas –comentarios al margen sin fundamento jurídico– y el abuso de votos salvados, muchos de los cuales son breves, superficiales y responden a intereses personales o ideológicos. Estas prácticas fragmentan la jurisprudencia, dificultan la interpretación uniforme del derecho y debilitan la función institucional del Tribunal. Es necesario restringir su uso, exigir rigor argumentativo y promover una cultura de consenso y deliberación efectiva.
- Hacia una reforma estructural de la Jurisdicción Constitucional
La transformación de la Sala Constitucional debe ser profunda y estructural. En primer lugar, debe separarse de la Corte Suprema de Justicia para convertirse en un Tribunal Constitucional independiente, con autonomía funcional y administrativa. Esto permitiría sustraerlo de las dinámicas corporativas del Poder Judicial y fortalecer su objetividad. Asimismo, debe reformarse el mecanismo de elección de magistrados, para lo cual se requiere establecer requisitos como edad mínima de 50 años, experiencia comprobada y un mandato limitado de hasta 12 años sin reelección. La renovación periódica previene la concentración de poder, oxigena el debate jurídico y fortalece la democracia.
También se propone aumentar de siete a nueve el número de magistrados, lo que permite dividir el Tribunal en tres secciones para resolver más eficientemente los recursos de habeas corpus y amparo y reservar al pleno los casos de inconstitucionalidad. A la par, es esencial redefinir el papel de los letrados y asegurar que las sentencias relevantes sean redactadas directamente por los magistrados. Igualmente, deben eliminarse las notas separadas y elevar el estándar técnico de los votos disidentes, que deben ser excepcionales, sólidos y útiles para el desarrollo jurisprudencial.
En suma, la Jurisdicción Constitucional enfrenta una encrucijada. Su problema no radica en su existencia, sino en los desvíos que han desvirtuado su naturaleza. Para restaurar su legitimidad y devolverle su papel como garante supremo de la Constitución, se requieren reformas institucionales que fortalezcan su independencia, racionalicen sus funciones, mejoren la calidad de sus resoluciones y restablezcan la deliberación y fundamentación como pilares de su actuación. Solo así dejará de ser una contraloría de servicios para recuperar su carácter de Tribunal Constitucional.
Alex Solís Fallas es abogado constitucionalista y fue contralor general de la República.