La verdadera cultura de respeto a la autoridad se demuestra cuando aceptamos la norma incluso si esta vez somos nosotros quienes la incumplimos
El oficial de Tránsito no debería escoger a quién aplica la ley según simpatías, influencias o supuestas buenas intenciones.
Alberto Barquero Espinoza
Desde la experiencia policial, se observa una contradicción frecuente. Cuando un conductor ebrio provoca una tragedia, alguien adelanta en una curva o circula a velocidad excesiva, exigimos leyes más fuertes, multas más altas y autoridades implacables. Sin embargo, esa firmeza pierde atractivo cuando la señal de alto es para nosotros.
Entonces aparecen las circunstancias particulares. El exceso de velocidad fue pequeño, la llamada era urgente, el estacionamiento duró pocos minutos o se trataba de la primera infracción. También llegan las solicitudes de consideración y el reclamo de que el policía debería ocuparse de conductas más graves.
No hace falta incursionar en explicaciones sociológicas o psicológicas para reconocer algo que quienes han trabajado en carretera conocen bien. Muchas personas apoyan una autoridad rigurosa mientras imaginan que esa rigurosidad recaerá únicamente sobre otros.
Esta contradicción también puede observarse en el ejercicio del poder. La administración actual ha promovido reformas que reducirían o exceptuarían algunos controles aplicables a la gestión pública, con el propósito declarado de agilizar procedimientos y evitar interferencias indebidas. Es válido revisar controles innecesarios o paralizantes, pero también debemos recordar que fueron creados para proteger los recursos públicos y deben funcionar con independencia de quien gobierne. La buena fe de quienes ejercen el poder, aun cuando se presuma, no puede reemplazar las garantías institucionales.
En carretera sucede algo semejante. Un conductor puede considerarse prudente y responsable, pero esa percepción no lo autoriza a decidir cuáles reglas merece obedecer. Tampoco el policía debería escoger a quién aplica la ley según simpatías, influencias o supuestas buenas intenciones.
Esto no significa defender sanciones desproporcionadas ni controles paralizantes. Toda norma debe ser razonable y todo procedimiento puede mejorarse. Pero una cosa es hacerlo más eficiente y otra, reducir garantías porque esta vez nos corresponde cumplirlas.
La ley no debe ser implacable ni complaciente. Debe ser justa, proporcional e igual para todos. Esa igualdad se demuestra cuando seguimos defendiéndola después de que deja de castigar al otro y comienza a limitarnos a nosotros.
barqueroa77@gmail.com
Alberto Barquero Espinoza es administrador de empresas con énfasis en transporte terrestre y seguridad vial.
