La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el 27 de julio sobre progresos en la lucha contra el tabaquismo. Sin embargo, señaló la amenaza contra la salud, especialmente para los jóvenes, que significan sustitutos como los vaporizadores.
El año pasado, 102 personas fueron atendidas en hospitales nacionales por afecciones relacionadas con el uso de cigarrillos electrónicos.
Es un retroceso porque Costa Rica había logrado —gracias a la legislación vigente— grandes progresos en cuanto al cumplimento de cuatro medidas de control recomendadas por la OMS: monitorear el consumo mediante encuestas periódicas; proteger a la población en espacios 100 % libres de humo de tabaco y aerosoles de vapeo; brindar ayuda para el abandono del tabaco por medio de clínicas de la CCSS y el IAFA, y mediante el chatbot para cesación; y alertar sobre los peligros del tabaco, ya que las cajetillas tienen advertencias sanitarias.
Lamentablemente, hay dos medidas que se cumplen parcialmente: la prohibición total sobre publicidad, promoción y patrocinio, por existir dos excepciones; y aumentar los impuestos y asegurar un ajuste periódico conforme a las tasas de inflación, para que su valor se incremente antes del poder adquisitivo de los consumidores.
A 11 años de promulgada la Ley 9028, no se han actualizado los impuestos, tampoco se ha fortalecido la administración fiscal para reducir el comercio ilícito, ni hay progreso en la puesta en marcha de un sistema de trazabilidad fiscal, no obstante ser obligatorio desde el 2016. El Convenio Marco de Control del Tabaco de la OMS establece las medidas mínimas que los países deben aplicar en cada caso.
En la actualidad, para fortalecer la estrategia sobre advertencias, la Asamblea cuenta con el proyecto 22497, sobre empaquetado neutro, aprobado por la Comisión de Asuntos Sociales, respaldado jurídicamente con evidencia científica y vigente en 13 países de la OCDE.
Debemos realizar esfuerzos mayores para el cumplimiento del 100 % de las medidas señaladas por la OMS y combatir la nueva amenaza, como explica Michael R. Bloomberg, embajador mundial de la OMS para las enfermedades no transmisibles y los traumatismos: más de mil millones de personas en todo el mundo todavía fuman. Y puesto que las ventas de cigarrillos han caído, las empresas tabacaleras comercializan vigorosamente nuevos productos —como los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de tabaco calentado— y presionan a los gobiernos para que limiten la reglamentación. Su objetivo está muy claro: enganchar a otra generación a la nicotina.
La industria tabacalera se aprovecha de los nuevos productos para utilizar el término “sin humo” en su propio beneficio, aduciendo que no producen daño o que es menor que el del humo del tabaco. No obstante, los últimos estudios demuestran que es un riesgo exponerse a las partículas, la nicotina y otros componentes de los aerosoles.
En un reportaje de La Nación, publicado el 5 de agosto, se especificó que el líquido contiene elevadas concentraciones de sustancias peligrosas, como diacetilo, un químico vinculado, según la Sociedad Americana de Cáncer, a una enfermedad grave pulmonar conocida como bronquiolitis obliterante.
Principalmente el tabaco calentado, emite pirólisis, como aldehídos volátiles, en sus aerosoles que entran claramente dentro de la definición científica de humo.
La industria tabacalera pone en práctica diferentes tácticas para socavar las políticas de control de tabaco, por ejemplo, crear alianzas y grupos de fachada para presionar a los gobiernos e influir en la formulación de políticas amenazantes.
Algunos diputados, en lugar de apoyar el proyecto 22497 para obligar al empaquetado neutro de productos de tabaco, promueven un expediente perverso, el 23553 para los productos de nicotina y tabaco, mediante el cual se debilitarían las estrategias exitosas de la Ley 9028.
Entre otros muchos retrocesos, este plan permite en puntos de venta la publicidad de vaporizadores, que están enganchando a nuestros adolescentes y jóvenes, incluso si estuvieran dentro de espacios libres de humo, y, además, quedarían fuera de la aplicación de las advertencias sanitarias impuestas actualmente al tabaco.
También, debilitaría la Ley 10066 porque propone una definición ambigua para los productos que emiten nicotina y otros químicos, lo cual no brinda toda la información al consumidor y exonera a la industria de alertar a sus clientes. Es un proyecto regresivo, que atenta contra el derecho a la salud.
La autora es presidenta de la Red Nacional Antitabaco.
